Absueltos todos los acusados en el 'caso Forelan'
La Audiencia Provincial absolvió a todos los cargos a los imputados en el caso Forelan Basilio González, Eugenia Villalba, Valentín Elvira y Elena Ángel, que habían sido acusados de delitos de fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsedad de documentos. Tras las más de doce horas del juicio celebrado los pasados 8 y 9 de noviembre en Arrecife, el fallo no coincide con la solicitud de “sentencia valiente” efectuada por el fiscal del caso, Miguel Pallarés.
La sentencia señala que, para condenar un delito de fraude de subvenciones, es necesario “verificar la existencia de tipicidad en todas y cada una de las actividades encausadas (?) para poder delimitar la responsabilidad individual”. La Audiencia Provincial de Las Palmas confirma que no es concluyente ninguna de las pruebas aportadas por la acusación particular (Asociación de Empresarios Turísticos de Lanzarote, Aetur), como la calificación de apto a alumnos que no habían asistido a todas las clases, mientras que considera válido el testimonio del inspector del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) que reconoció que no se tuvo en cuenta “que al tratarse de cursos de hostelería muchas horas se impartieron los fines de semana”, un dato que, durante el juicio, no reconoció ninguno de los alumnos en sus declaraciones.
En cuanto a las pruebas testificales, la sentencia concluye que no se pueden extraer de ellas “la existencia de un falseamiento de las comunicaciones o de las certificaciones remitidas al Icfem con la finalidad de conseguir la obtención de subvenciones”. Por tanto, la Audiencia Provincial de Las Palmas se mantiene firme al señalar que “no existe prueba alguna de la falsedad de las comunicaciones remitidas al Icfem, ni de las firmadas por Basilio González como presidente de Forelan”.
Informe “ineficaz”
Desmontadas las tesis que sostenían los delitos de fraude de subvenciones y falsedad de documentos, la sentencia concluye que el informe pericial elaborado por el Inspector de Hacienda, Manuel González, “no es concluyente”. Según el dictamen, este informe tendría que haber profundizado más en las relaciones comerciales de Copy Shop y Sergeslan (las dos empresas de Elena Ángel y Valentín Elvira que prestaron servicios a Forelan) y tendría que haber contado con una documentación que no fue solicitada a terceros proveedores por parte del perito.
Por tanto, tilda al informe de “ineficaz” por “no reflejar suficientemente la realidad de sus conclusiones (?) por insuficiencia de datos”. Asimismo, y según exige el Código Penal, es necesario concretar la cantidad que los acusados pudieron defraudar a Hacienda, algo que no se acreditó “ni en los escritos de acusación ni en el juicio oral”.
El tribunal sí ha tenido en cuenta las facturas aportadas por la defensa como pruebas que demuestran la subcontratación de servicios y bienes por parte de la empresa Copy Shop. En cuanto a Sergeslan, ha considerado probada la realización de los cursos y ha advertido que no se puede tener en cuenta el “gran” margen de beneficio al que se refirió el Ministerio Fiscal (concretamente un beneficio del 73 por ciento) ya que no existe un estudio de mercado en la Isla que dé conocimiento del margen de beneficio medio.
Basilio González (representante de CCOO), Elena Ángel (Asolan), Eugenia Villalba (UGT) y Valentín Elvira (Felapyme) pertenecieron a la cúpula de Forelan, una fundación creada en Lanzarote para promocionar la formación de empresarios y trabajadores a través de fondos públicos. Gerardo Fontes (Aetur) acudió en 1998 a la Fiscalía para denunciar irregularidades en el seno de la Fundación.
A partir de ahí, el Inspector de Hacienda Miguel González realizó un informe pericial como resultado de una investigación y recopilación de datos procedentes de las relaciones comerciales de estas cuatro personas con Forelan. Elena Ángel y Valentín Elvira habían constituido dos sociedades (Sergeslan y Copy Shop) para prestar una serie de servicios a Forelan, al tiempo que contrataron a sus dos compañeros en sus empresas.
La Audiencia Provincial de Las Palmas sentenció este miércoles que no se produjo fraude de subvenciones ni apropiación indebida por parte de estas cuatro personas.
