Admitida la querella por la permuta de la finca de San Rafael
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Telde ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de esta ciudad contra los miembros de la anterior Corporación, formada por el Partido Popular (PP) y AFV-Ciuca, que en agosto de 2004 aprobaron la permuta de la finca San Rafael por solares municipales de la firma Iniscan, según publica el periódico digital TeldeActualidad.
La lista de nueve imputados, ocho de ellos componentes del aquel pacto político por la comisión de un supuesto delito de prevaricación, está encabezada por Guillermo Reyes, que ofició de alcalde en la reunión en la que se dio el visto bueno a este intercambio de bienes.
La magistrada María de los Ángeles Zabala, en el auto de fecha de 23 de marzo y notificado ayer a las partes, abre diligencias previas al considerar que “los hechos que resultan de las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, a la vez que emplaza a los imputados a prestar declaración, aunque sin fijar fecha de momento para ello.
Zabala emplaza al Ayuntamiento de Telde para que en el “plazo improrrogable” de 10 días remita al Juzgado copia íntegra, foliada y cotejada por el secretario municipal del expediente para la adquisición de la finca de San Rafael.
Solicita también a la entidad Rg10 para que en el plazo de 20 días emita un informe sobre el valor de la finca, con indicación expresa del porqué se permutó y no se vendió, así como “si concurrieron los preceptos legales para ello”. Le pide también que informe sobre cuál es la diferencia de precio entre ambas operaciones, “si era preceptivo el dictamen de la Comisión Informativa del Consistorio para dicha operación” y “si se debería haber informado en plazo y forma a la Comunidad Autónoma”.
Informe pericial
Finalmente, en el auto, la magistrada se dirige al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria para que remita testimonio del informe pericial emitido por el arquitecto Eduardo Cáceres Morales a instancias de la parte denunciante.
La lista de querellados por este asunto y los presuntos delitos son Guillermo Reyes Rodríguez, María del Carmen Castellano, Carmelo Reyes Rodríguez, María Antonia Torres González, José Suárez Marte, Carmelo J. Oliva Bethencour, Raquel León García y Guadalupe López. A todos ellos, miembros de la Comisión de Gobierno que en agosto de 2004 aprobó la permuta, se les imputa un delito de prevaricación, mientras que a Santiago Cazorla Santana, representante legal de Iniscan, también imputado, tráfico de influencias.
