Compromís y PSPV fuerzan al PP y a Vox a votar la pérdida del aforamiento de Mazón y que publique sus Whatsapp de la dana

La segunda sesión del debate de política general que se celebra este miércoles en las Corts Valencianes abordará y votará todas las propuestas presentadas por los diversos grupos parlamentarios, destacando las referidas al expresidente Carlos Mazón.

En concreto, tanto Compromís como el PSPV han propuesto que se le quite el acta de diputado, lo que conllevaría la pérdida de su aforamiento y de la protección que conlleva ante la instrucción judicial sobre la gestión de la dana que se desarrolla en el juzgado de Catarroja. De esta forma, tanto el PP como Vox deberán retratarse sobre todo ante las víctimas, que han exigido en repetidas ocasiones que el exjefe del Consell abandone todo cargo público y acuda a declarar al juzgado.

Los partidos de izquierdas también han propuesto que haga públicos sus mensajes de Whatsapp del día de la dana. La jueza se los ha solicitado aunque de forma voluntaria y hasta el momento Mazón ha declinado esta opción. También será algo sobre lo que populares y ultras deberán descararse en un sentido u otro.

También por parte del grupo socialista se propone que la Generalitat Valenciana organice un acto institucional de “homenaje, reparación y justicia en memoria de las víctimas de la dana”.

El PSPV exige la adquisición de las VPO de Alicante

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicado que van a pedir que el PP haga fuerza para que salga adelante el 'decreto Maricarmen', limite el precio del alquiler, recupere las viviendas de les Naus adjudicadas de manera regular, que las viviendas de protección oficial tengan esa calificación permanente o impida 'fondos buitre' en la Comunitat.

También exigirán que se hagan públicos los dosiers con “sospechas de corrupción” de altos cargos o se repruebe a Vicent Mompó por sus “palabras machistas” contra Morant.

En materia de financiación autonómica, los socialistas pedirán que se apruebe la reforma del sistema de financiación del Gobierno, que permitiría 3.669 millones de euros adicionales anuales para la Comunitat Valenciana, mientras que también reclaman paralizar la ley del Suelo que el Consell ha enviado a Les Corts.

Las propuestas de Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacado que sus propuestas mantienen “las tres reivindicaciones históricas de financiación, fondo de nivelación y deuda histórica”, además de profundizar en “un nuevo modelo de emergencias”.

Asimismo, incluyen propuestas para reducir la lista espera en sanidad, prohibir la compra especulativa de vivienda por fondos buitre, promover la gratuidad del transporte público para jóvenes, recuperar el plan Edificant, establecer la tasa turística, firmar un nuevo pacto contra la violencia machista y recuperar los derechos LGTBi.

El PP pide negociar la financiación con todas las comunidades

El síndic de PP, Nando Pastor, ha explicado que sus propuestas reúnen “todo lo que Pedro Sánchez debe a los valencianos”, como negociar el modelo de financiación con todas las comunidades en la Conferencia de presidentes, un fondo transitorio de nivelación, un FLA extraordinario e incorporar el criterio poblacional a las inversiones del Estado.

El PP pide derogar la ley de vivienda e impulsar cambios normativos que den mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para incentivar el incremento de la oferta de viviendas en alquiler en la Comunitat, mientras que Pastor ha afirmado que para los socialistas la vivienda “siempre ha sido un eslogan y estar detrás de una pancarta”.

“Tenemos a Ximo Puig que vive en un magnífico pisazo en París pagado por todos los españoles”, Diana Morant “hace lo propio en Madrid con otro pisazo de casi 300 metros”, por no recordar lo que hacía Ábalos con “los pisos para sus amigas”, ha afirmado el síndic del PP, quien ha reivindicado que el Consell “ha puesto 6.000 viviendas sobre el tapete”.

Vox insiste en la inmigración

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacado de sus propuestas las que hacen referencia a la “inmigración ilegal masiva, descontrolada, fomentada y apoyada por las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno, y “al colapso” de los servicios públicos como consecuencia de esa inmigración.

Sobre la vivienda, ha indicado que defienden “la prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales, y proponen medidas como la liberalización de suelo, la reducción drástica de impuesto sobre bienes inmuebles o la protección de la propiedad privada.