La Asociación de Constructores recurre la licitación del edificio de Congresos de Fuerteventura
Denuncian que se licite bajo fórmulas “abusivas, irregulares, opacas y tendenciosas”
PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios de la Construcción y Promoción de la provincia de Las Palmas (AECP) ha anunciado este lunes un recurso especial en materia de contratación (previo a su interposición) ante el Cabildo de Fuerteventura contra la licitación pública de la elaboración del proyecto de ejecución y la ejecución de las obras del edificio de formación y congresos de la isla, cuyo importe asciende a 28.525.650 euros.
A través de un comunicado, la AECP expresa su rechazo a que una obra de tal envergadura, a nivel económico y técnico, se licite “bajo fórmulas ”abusivas, irregulares, opacas y tendenciosas“ desde el punto de vista jurídico y ”del sentido común“.
Igualmente, advierte de que, tal y como ha venido haciendo en los dos últimos años, no tolerará “comportamientos por parte de las administraciones públicas que pongan en peligro la libertad de concurrencia e igualdad de condiciones de sus empresas asociadas ante la licitación pública”.
“ABUSOS DE LAS ADMINISTRACIONES”
La asociación hace pública su denuncia ante “la necesidad de poner límites a los abusos que se vienen practicando por las administraciones públicas en materia de licitación (más de 40 licitaciones impugnadas) que, apoyándose en la difícil situación por la que pasan las empresas del sector, y haciendo uso de su posición dominante, las coloca contra las cuerdas”.
“Bien estableciendo criterios de clasificación de contratistas que restringen su acceso, provocando bajas económicas delirantes, estableciendo garantías provisionales que minimizan sus posibilidades de concurrir o marcando reglas de juego discriminatorias y excluyentes”, argumentan los empresarios.
En el caso de la citada infraestructura en Fuerteventura, explican que “es un concurso de proyecto y obra, pero hay dos fases previas ya ejecutadas y extrañamente, no exige la presentación del proyecto en el momento de presentar la oferta”.
Además, la organización cuestiona por qué la administración adjudica una obra “sin conocer el proyecto”. “Si la empresa no hace el proyecto, ¿cómo presenta la oferta?. Y lo más grave, carece de anteproyecto: lo que significa que la documentación carece de mediciones y datos imprescindibles para elaborar la oferta”, añade la nota.
Asimismo, la AECP denuncia que “se solicita clasificación por encima de lo necesario, por lo que se restringe el número de empresas”, además de que se solicita garantía provisional del 3 por ciento (855.769,50 euros), que “si bien es potestativo de la administración (debe ser especialmente justificada), y dada la situación económica, las entidades financieras son reticentes a conceder avales de este tipo con carácter general, no siendo problema cuando la obra ya está adjudicada”. De ahí que “restringe, por tanto, también el acceso de muchas empresas.
SIN ANTEPROYECTO
A ello se suma que la licitación “no incluye el cumplimiento del Decreto de Residuos de Construcción, por lo que será un capítulo a costa del contratista adjudicatario: una clara vulneración de la Ley”. Además de “vulnerar preceptos genéricos en el contenido de los Pliegos”, agregan.
“Aún así, las cuestiones menos notorias podrían corregirse, pero lo realmente grave lo constituye el hecho de que la obra en cuestión carece de anteproyecto, de mediciones, de parámetros sobre los que conformar una oferta por parte de los licitadores.
En todo caso, “lo realmente grave” para la AECP es que “habiéndose ejecutado ya dos fases de dicha obra, ésta se licite aparentando la carencia de proyecto, y a mayor abundamiento, dice que el proyecto no ha de presentarse junto a la oferta”.
2011, “AÑO AÚN MÁS DURO” PARA EL SECTOR
La asociación vaticina que el ejercicio 2011 “será aún más duro para este sector, que verá mermada drásticamente la capacidad pública de inversión y de pago de las obligaciones contraídas por parte de las administraciones públicas”.
Ve cómo “se dificultan las expectativas de la inversión privada y asiste atónito a su demonización”. “Pero ello, lejos de amedrentarnos nos fortalece en la defensa de los intereses colectivos que representamos y empezaremos el año, como lo acabamos combatiendo los abusos y proponiendo alternativas”, agrega.
De ahí que sostiene que el Cabildo de Fuerteventura “deberá corregir la licitación” criticada, “cumplir con unas reglas de juego limpias y ajustadas a derecho, garantizando, así, el ejercicio del derecho que corresponde a las empresas asociadas, que no es otro que la libertad de concurrir a esta obra”.
“De lo contrario, de continuar con este pliego y estas condiciones, y a sabiendas de que se vulneran derechos de libro, el Cabildo incurrirá en una responsabilidad que habrá de asumir y, en su caso, determinar los Tribunales”, concluye.
