Canarias presenta la segunda tasa más alta de carencia material del país: expertos proponen simplificar trámites para pedir ayudas económicas

La Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone al Gobierno de España modificar la Ley General de Subvenciones para “cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía”, dado que, apuntan, los procedimientos “paralelos y contradictorios” para acceder a prestaciones sociales implican que haya que “sortear dificultades burocráticas”.

A pesar de que aseguran que muchas entidades locales han incrementado sus presupuestos para ayudas, critican los procesos de adjudicación por su “rigidez”, y el retraso de los cobros, asegurando que ello merma su eficacia: “Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas son dificultosas y humillantes”.

Asimismo, inciden en que “solo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción de las comunidades autónomas”, y lo achacan a la complicación que plantea solicitarlas.

Por tanto, la asociación también propone que la Intervención General de la Administración del Estado “envíe una instrucción a los interventores municipales” para agilizar la concesión de ayudas económicas de urgencia.

Canarias, la segunda región con mayor carencia material

Casi cuatro millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tienen carencias materiales y sociales severas en España. Así se deduce aplicando los indicadores europeos (Tasa Arope), con un 8,3% en el total nacional. Canarias se sitúa como la segunda región con la tasa más alta, con un 15,7%, solo por detrás de Ceuta (23,3%).

Comer carne o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a temperatura adecuada se convierten así en necesidades para las que 341.152 canarios necesitan ayuda. Los recursos con los que cuentan para ello son el Ingreso Mínimo Vital (IMI), las rentas de inserción de las comunidades autónomas y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales.

El importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de la comunidad autónoma. La Prestación Canaria de Inserción tiene una cuantía mínima de 517,73 euros, pudiendo llegar a un máximo de 722,09 cuando se trata de seis personas o más las que componen la unidad familiar. En el Archipiélago, son 11.924 las familias que reciben esta prestación.