El Gobierno de Canarias eleva a 22 millones el fondo para ayudas al alquiler en las Islas

Supone un incremento del 22% respecto a la cantidad global que se pagaba hasta ahora, que era de 17,50 millones

Efe


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Canarias ha dado el visto bueno este jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno a una partida de 21,37 millones de euros para poner en marcha una nueva convocatoria de la ayuda general al alquiler, de la que se beneficiarán “miles de familias con pocos recursos en la comunidad autónoma”.

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La Consejería de Obras Públicas explica que esa asignación es la mayor que el departamento ha destinado en el último decenio a pagar esas ayudas de carácter bienal, suponiendo un incremento del 22% respecto a la cantidad global que se pagaba hasta ahora, que era de 17,50 millones.

Estas subvenciones están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con escasos recursos económicos, ya sean familias o jóvenes que buscan su primera vivienda, mediante ayudas directas a los arrendatarios o cesionarios del derecho de uso.

Estas ayudas forman parte de uno de los ejes principales del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el que se pretende apoyar a las familias con menos recursos a pagar los alquileres de sus residencias habituales, remarca el Ejecutivo.

La ayuda, que se convocará en las próximas semanas, se concretará en subvencionar entre el 40% y el 50% del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda habitual, o de una habitación, durante el periodo 2022-2023.

Del importe total, 16,5 millones los aporta el Gobierno central a través del Plan estatal de Vivienda y los otros 4,7 millones, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

En la anterior convocatoria, la de 2020-2021, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) abonó a más de 6.000 familias con pocos recursos las ayudas, unas asignaciones que por primera vez fueron abonadas en 2021 coincidiendo con el mismo año de la convocatoria.

Hasta hace tres años, estas ayudas se pagaban una vez superada la convocatoria, es decir, a los dos años de solicitarlas, “con el trastorno económico que ello supone para las familias beneficiarias”, asegura el Gobierno.

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