Canarias necesita crear más unidades judiciales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, entregó este martes la Memoria Judicial del año 2006 al presidente de la Cámara regional, Antonio Castro Cordobez. Tras un encuentro mantenido en sede parlamentaria, el titular del TSJC destacó la “necesidad perentoria” de crear más unidades judiciales en las Islas como una de las principales conclusiones que se desprenden tras el análisis realizado en ese periodo.
Según explicó, la memoria está estructurada en varias partes, la primera de ellas una introducción en la que se alude a los problemas ocasionados en los juzgados de los municipios que recibieron inmigrantes ilegales en 2006, especialmente en Arona. En esta localidad tinerfeña, fueron 17.900 los inmigrantes atendidos, “situación excepcional que produjo un colapso, por lo que se tuvo que crear un juzgado paralelo de apoyo”.
Castro Feliciano señaló que esta cifra fue “infinitamente superior” a la registrada el año anterior, situación que se repitió, aunque con menos intensidad, en municipios como San Bartolomé de Tirajana, donde los inmigrantes irregulares recibidos fueron 4.700; San Sebastián de La Gomera con unos 3.000; Valverde unos 1.700; Granadilla de Abona en torno a 1.350 y Puerto del Rosario con cerca de 2.000.
Otros de los apartados en que se divide el documento son las conclusiones de las inspecciones realizadas en los distintos juzgados de Canarias (un total de 16), las actividades institucionales del presidente, los cursos multidisciplinares impartidos y los resultados del programa Educando en justicia, al que se acogieron más de 3.000 alumnos de las Islas en 2006.
El presidente del TSJC informó, además, de las unidades judiciales puestas en marcha en ese periodo, que ascendieron a seis, así como de las diez propuestas para este año. En La Laguna se creará un juzgado de Instrucción, en Santa Cruz de Tenerife uno de lo Social y en Santa Cruz de La Palma uno de lo Penal, entre otros. En esta línea, resaltó que en la provincia de Las Palmas cesaron 23 magistrados y 4 jueces, mientras que en la provincia tinerfeña cesaron 14 magistrados y 12 jueces.
Al respecto, informó de que la mayoría de ellos se marcharon a la Península, lo que ocasionó que esos órganos se mantuviesen paralizados durante unos tres o cuatro meses. “Ahora han tomado posesión cuatro jueces canarios y contamos con que se queden en las Islas, dado que son de aquí”, expresó, al tiempo que mostró su interés de que permanezcan en el Archipiélago y de que las plazas se vayan cubriendo con profesionales canarios, “simplemente por que estén en su lugar de origen para garantizar su permanencia”.
Castro Feliciano abogó por incentivar a los licenciados en Derecho, por ejemplo mediante becas de formación, para que preparen las oposiciones a juez, y apostó por combatir la interinidad de los funcionarios para que haya una mayor estabilidad. Por último, consideró necesario además crear servicios comunes en determinados partidos judiciales y en las dos audiencias, “con lo que se obtendría una mejor organización y se podría racionalizar el trabajo de los juzgados”.
