10.000 caravanas en Gran Canaria, a la espera de una normativa
El Grupo Socialista en el Cabido de Gran Canaria exige al grupo de gobierno que se defina sobre la regulación de los campamentos de caravanas. En concreto, el PSOE-PSC formula este martes una pregunta en la Comisión de Pleno de Infraestructura, Territorio, Medio Ambiente, Patrimonio y Aguas, con el objeto de saber la situación de la redacción del Plan Territorial Especial de Actividades e Instalaciones Recreativas, Divulgativas, Científicas y Deportivas, PTE 36-b.
El consejero socialista en el Cabildo Augusto Hidalgo recuerda que fue el gobierno anterior -socialista- el que comenzó la redacción del Plan Territorial que aborda esta materia, tras tener, los gobiernos populares pasados, empantanado todo el desarrollo normativo y territorial de la isla.
Hidalgo afirma que “nosotros dejamos el PTE 36-b en fase de Avance, con informe mediambiental y a la espera de un informe de la COTMAC, y en un año y medio de mandato actual no sabemos nada de los pasos dados para continuar y proceder a la aprobación inicial del documento”.
Según recordó el consejero, el PP que “no sólo hizo bandera de este asunto, sino que el propio presidente Bravo de Laguna lo asumió como un compromiso personal. Y una vez llegados al poder, las líneas de interlocución entre los caravanistas y el gobierno son inexistentes, a diferencia de la comunicación con el anterior consejero de Política Territorial insular socialista”.
Parque de 10.000 vehículos
Cabe señalar que esta actividad no es anecdótica en la isla. Según datos de la Mesa Sectorial del Caravanismo, que integra a las principales 14 organizaciones de la isla, este sector tiene un parque de 10.000 vehículos en Gran Canaria y es practicado por unas 40.000 personas. Genera hoy 700 empleos y la cifra de negocio estimado está en torno a los 130 millones. “Todo esto en una situación de alegalidad de la actividad que les impide desarrollar el negocio y mejorar los servicios a usuarios”, añade.
“Somos conscientes de las dificultades que supone encajar el Plan Territorial a las estrecheces del PIO de Gran Canaria, el cual pone importantes restricciones a esta actividad. Curiosamente, el PIO en vigor es obra del Partido Popular. Pero precisamente por eso, tanto colectivos implicados como oposición deben ser informados del estado actual de redacción del PTE 36-b y, si no está paralizado como parece, en qué sentido se decantan los informes técnicos para dar cobertura legal a esta actividad en el isla, la cual se puede regir perfectamente bajo criterios de sostenibilidad ambiental, dado su bajo impacto sobre el territorio, si se garantizan los estándares de calidad necesarios”, señaló Hidalgo.
En el mencionado Plan Territorial se pretende satisfacer la demanda actual y potencial de espacios recreativos al aire libre y los itinerarios de interés paisajístico, natural y cultural, garantizando la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y culturales, ordenando su uso y su capacidad de acogida y las actividades e instalaciones recreativas, divulgativas, científicas y deportivas, así como las áreas de acampada. La iniciativa tiene como objeto esto último, en su modalidad de caravaning, aunque dicho Plan tenga un marco de referencia y actuación muchísimo más amplio, regulando actividades de especial sensibilidad y transcendencia en nuestra industria turística.
