Cardona descarga en los técnicos las decisiones del Canódromo
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se dejó guiar plenamente por los técnicos municipales responsables de la Concejalía de Urbanismo que ostentaba hace diez años, para finalmente firmar el polémico convenio urbanístico que ha dado pie al denominado caso Canódromo.
Las referencias del alcalde popular a los técnicos de Planeamiento y Urbanismo, incluidos los nombres y apellidos de quien era coordinador de Urbanismo, José Setién, y del jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Miguel Cerpa, jalonan de cabo a rabo la declaración de Cardona ante el juez instructor del caso, a raíz de la comparecencia de más de trece horas que mantuvo el miércoles en calidad de imputado por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
A lo largo de su declaración, Cardona mantuvo ante el magistrado Tomás Martín no haber tomado parte ni en las negociaciones previas con el propietario de los terrenos del Canódromo y también imputado, Eduardo Fernández, ni tampoco en las valoraciones del suelo llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ni siquiera en la tramitación final del Plan General municipal que dio cobertura a introducir el uso residencial en la parcela de las torres construidas en Schamann.
Todas estas decisiones las tomaron “con brillantez” los técnicos de Urbanismo bajo las órdenes de Setién, en busca de pactar un presunto “equilibrio” entre lo dado [tres parcelas] y lo recibido [el parque del Canódromo] en la permuta bajo sospecha de atentar contra el interés general y favorecer al propietario de los terrenos, con quien el actual alcalde no se tomó “ni un café”. Eduardo Fernández también dijo en su declaración de este jueves haber conocido a Cardona en el acto de la firma del convenio.
Cardona descargó así en los técnicos del Ayuntamiento toda la responsabilidad de las decisiones tomadas en el convenio urbanístico de abril de 2002 que lleva su firma, manteniendo ante el magistrado y el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, que el informe pericial encargado por la comisión municipal de investigación durante el anterior mandato está “lleno de falsedades” y “errores del perito” al que relacionó con el PSOE.
El actual alcalde de la capital grancanaria defendió también la tesis de que el barrio de Schamann donde se permitió construir las torres a Realia, compradora días después del terreno en el Canódromo recibido en la permuta por Urbacan, de Eduardo Fernández, no se encontraba técnicamente en una zona de edificabilidad agotada, como sostiene el informe pericial de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Cardona reiteró ante el juez no haber intervenido en las negociaciones de los técnicos municipales. “A mí solo me interesaba cumplir un convenio y los propietarios de la parcela del Canódromo fueron compensados, en dónde y en qué lugar dependia de los técnicos”, aseguró en sede judicial. Es más, su único objetivo era “conseguir un parque para Schamann”, encargo alcanzado con la firma del convenio.
El alcalde, sin embargo, no quiso entrar a valorar varias preguntas tanto del juez como del fiscal que entendía de carácter muy técnico, pero sí que manifestó no sorprenderle el incremento de valor de las parcelas permutas a Eduardo Fernández en apenas meses, una de ellas en cuatro millones de euros y la otra, en 4,5 millones de euros. “Era la realidad del mercado de la época”, aseguró Cardona.
En ningún momento el alcalde de LPGC asumió decisiones de tipo técnico -valoración del suelo, coste de la operación de permuta- para obtener los terrenos del Canódromo, hasta el punto de responder al abogado de la asociación Avecalta que nunca marcó directrices mínimas en las negociaciones al equipo de funcionarios de José Setién. “La directriz la marca el objetivo político de conseguir para la ciudad un espacio libre, pero los técnicos tenían autonomía para conseguir ese acuerdo”, dijo.
Ese ese acuerdo precisamente, firmado por Juan José Cardona y Eduardo Fernández en abril de 2002, parte de los hechos de los que se derivan indicios racionales de criminalidad, como informó el magistrado al alcalde nada más comenzar su declaración.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria intenta aclarar, además, si la modificación del Plan General dándole uso residencial a la parcela del Canódromo y la tasación del suelo para concretar la permuta con la edificacabilidad en la esquina del parque y otros dos solares en Las Torres y Almatriche serían causa de delito.
