La ley de altos cargos de Canarias sigue adelante con el único rechazo de Podemos
El pleno del Parlamento acordó este miércoles continuar la tramitación del proyecto de ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y de buen gobierno, al no apoyar el resto de grupos la enmienda a la totalidad de Podemos, que considera que el régimen de incompatibilidades ha sido “descafeinado” para favorecer el regreso de los consejeros José Manuel Baltar y Pedro Ortega a sus respectivas empresas privadas.
La misma opinión expresó el representante del PSOE Gustavo Matos, quien, aunque no consideró que el conjunto del proyecto deba ser devuelto al Gobierno, admitió que se ha introducido un artículo hecho a medida de los dos consejeros que en la práctica deja la puerta abierta a que “los lobbys” coloquen a sus representantes “en el banco azul”.
Sin embargo, el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, defendió que la introducción de un artículo que permite a los altos cargos volver a la empresa privada sin esperar dos años, siempre que se hayan abstenido en tomar decisiones relacionadas con esa actividad, persigue atraer a los profesionales más exitosos en su campo, que de otra manera no se comprometerían con el ejercicio de la actividad pública.
En la misma línea, la diputada de CC Socorro Beato dijo que una cosa es limitar el conflicto de intereses y otra limitar el derecho constitucional a participar en los asuntos públicos, que no es solo cosa de funcionarios.
El proyecto de ley incluye medidas estrictas para evitar las puertas giratorias, aseguró Beato.
Esas medidas son sin embargo “excesivas” para Nueva Canarias, cuya diputada Esther González consideró demasiado “restrictivos” los criterios para que los profesionales cualificados en la actividad privada se decidan a contribuir como altos cargos temporalmente.
Eso lleva a que solo funcionarios o desempleados quieran participar como altos cargos, dijo Esther González, quien anunció que su grupo enmendará el texto para que se eliminen trabas como la imposibilidad de tener una participación de más del 10% en sociedades.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, justificó la enmienda a la totalidad presentada por su grupo en que las únicas novedades con respecto al anteproyecto presentado al comienzo de la legislatura, con Aarón Afonso como consejero, son negativas.
Consideró que el Ejecutivo ha retrasado el proyecto de ley del buen gobierno hasta el final de la legislatura para poder hacer mientras “del mal gobierno su forma de actuar”, en cuanto a nombramientos a dedo de asesores sin cualificación o enchufismo indiscriminado de políticos de CC.
Gustavo Matos, del PSOE, dijo que el proyecto es muy parecido al que los socialistas dejaron hecho antes de salir del Gobierno, excepto por el artículo 42 que es “un traje a medida” de los consejeros Baltar y Ortega para que vuelvan a su actividad privada al día siguiente de dejar el cargo.
Señaló que su partido es partidario de atraer al gobierno a los mejores profesionales, pero “hay que hilar muy fino” para que los “lobbys” no aprovechen para sentar en el ejecutivo a sus representantes, advirtió.
Luz Reverón, del PP, y Melodie Mendoza, de ASG, consideraron el proyecto de ley un buen punto de partida sin perjuicio de las enmiendas parciales que presentarán sus grupos durante la tramitación parlamentaria del texto.
El consejero José Miguel Barragán dijo que esta nueva ley permitirá incrementar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y destacó que el proceso de redacción se ha hecho con transparencia y participación.
