Carpetazo judicial a los recursos de Santana Cazorla contra el alcalde de Telde

El alcalde de Telde, Francisco Santiago, calificó este jueves de “victoria del derecho y del interés general” el definitivo carpetazo judicial a los recursos del presidente del Grupo Santana Cazorla, Santiago Santana Cazorla, contra las actuaciones del gobierno municipal.

El primer edil declaró este jueves que el gobierno local que preside “supo en todo momento que actuaba desde el rigor, la legalidad y la defensa de los intereses de los ciudadanos”.

“Dijimos que actuábamos desde la legalidad y la justicia nos ha dado plenamente la razón. Dijimos que actuábamos pensando y defendiendo el interés general de los ciudadanos de Telde y las cosas se han colocado de esa clave. Dijimos que no iba a darse merma alguna para las arcas municipales y así ha sido. Dijimos que Telde ya no era una finca para la especulación de algunos, ni su Ayuntamiento un títere que bailara a su son y está claro que el respeto a la institución es un hecho”. Así de contundente se mostraba Francisco Santiago ante la decimocuarta resolución judicial a favor del Consistorio y en detrimento de las posiciones e intereses de Santana Cazorla en distintos litigios que se mantienen con el empresario.

Ante esta nueva resolución judicial, el alcalde del municipio grancanario entiende que “está claro que hay quien intenta usar la justicia para ensuciar la política y quien en defensa de la limpieza de la política y los intereses generales cumple con la legalidad y sale reforzado por la justicia”.

“Hay quienes se achican ante los poderes económicos para contar con su bendición y quienes colocamos a cada uno en su sitio, a los empresarios sólo en los negocios y a los mansos de la política en el ridículo, cuando, como es el caso, se hacen las cosas como se han hecho aquí”, añadió el alcalde.

La reacción del alcalde de Telde responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha desestimado un recurso de la empresa Hermanos Santana contra la decisión del Ayuntamiento de dejar sin efecto las adjudicaciones de obra a esta compañía por incumplimientos. La Junta de Gobierno inhabilitó en junio pasado a la empresa por un periodo de cinco años por no haber ejecutado según el pliego de condiciones el contrato de ejecución de la urbanización de Arauz.

Según informó este jueves Teldeactualidad, la propuesta se afianzaba en informes técnicos de la Concejalía de Obras, que cuantificaba el daño causado por la empresa al interés municipal en 61,08 millones de euros cuando el proyecto en sí de la obra no llegaba a 3,4 millones de euros.

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