CC y PP dejan sobre la mesa el debate sobre el control de la población
Coalición Canaria y el PP coincidieron este jueves en la necesidad de modificar diversos aspectos de la Ley de Extranjería, con el fin de adecuarla a las llegadas masivas de inmigrantes irregulares a Canarias.
Así lo indicaron los portavoces de CC, José Miguel Barragán, y del PP, Larry Álvarez, al término de una reunión de la comisión negociadora que trata de alcanzar un pacto entre ambas formaciones para gobernar en Canarias.
CC y PP proponen ampliar a 70 días el periodo máximo de retención de inmigrantes irregulares en un centro de internamiento, en lugar de los 40 días actuales, para que puedan cumplirse los trámites necesarios para la repatriación, así como comisarías y juzgados especiales y nuevos centros de internamiento.
Populares y nacionalistas canarios piden también que la Comunidad Autónoma canaria participe en el establecimiento de cupos de inmigrantes regulares que tenga como destino el Archipiélago, y que algunos sean personas originarias de países africanos.
La redistribución en otras comunidades autónomas de los menores inmigrantes irregulares que llegan a Canarias es otra de las reivindicaciones de CC y PP, así como que sean tratados como extranjeros irregulares y que no se les aplique únicamente la Ley del Menor.
También solicitan la implantación del sistema de vigilancia de fronteras SIVE en todas las islas y mayor control sobre los extranjeros no comunitarios que llegan con visado de turistas al Archipiélago.
Aún no se ha hecho el reparto de cargos
Además de la inmigración irregular, la comisión negociadora del PP y CC abordó otros asuntos, aunque no se analizó el reparto de las áreas de gobierno ni la composición de la Mesa del Parlamento de Canarias, que se constituye el próximo 25 de junio, aseguraron Barragán y Álvarez al término del encuentro.
La comisión negociadora se reunirá nuevamente este viernes en Santa Cruz de Tenerife para tratar cuestiones de seguridad y políticas sociales.
Una de las cuestiones analizadas este jueves, sobre las que todavía no hay acuerdo, es la propuesta de CC de hacer un diagnóstico sobre el desarrollo poblacional sostenible del Archipiélago, que ha quedado pospuesto a la semana que viene por la petición del PP de que se aclaren los posibles mecanismos de control poblacional.
Con el fin de conocer los movimientos de la población, se propone que la Comunidad Autónoma utilice el padrón para planificar mejor los servicios públicos, ya que la gran movilidad de los inmigrantes irregulares impide una adecuada previsión, explicó Barragán.
Durante la reunión, CC y PP abordaron también la reforma de la Administración, con el objetivo de extender la red de oficinas de atención a los ciudadanos, avanzar en la atención informática y reducir los trámites burocráticos.
Ambas formaciones proponen asimismo una nueva ley de cabildos que garantice la descentralización de competencias y que estas instituciones sean auténticos gobiernos insulares, así como la creación de un código de buen gobierno para los altos funcionarios de la administración autonómica y los responsables políticos.
En cuanto a comunicación, PP y CC abogan porque los contenidos de la Televisión Canaria tengan mayor orientación como servicio público y se estimule la producción propia.
En materia de cooperación al desarrollo, se potenciarán las infraestructuras administrativas y se triplicarán los recursos destinados a ayudas a África, además de impulsar los instrumentos de vecindad con el continente africano.
En el apartado de Justicia, se promoverá el acceso al empleo público en la administración de Justicia, la informatización de todos los juzgados y tribunales y la rehabilitación de las sedes judiciales.
También se impulsará la transparencia de la gestión pública, con especial incidencia en los planes de ordenación del territorio, para que sean accesibles a todos los ciudadanos.
En cuanto a la acción de la Comunidad Autónoma en el exterior, CC y PP creen imprescindible que Canarias mantenga su estatuto como Región Ultraperiférica en Europa y la defensa de la agricultura de las islas, por lo que son contrarios a cualquier intento de rebajar el arancel de importación al plátano a los países no comunitarios.
