Clavijo y Patricia Hernández intentan tapar las grietas que la Ley del Suelo ha hecho aparecer en el pacto

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, y la vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, han hecho juegos malabares para, en lenguaje políticamente correcto, soslayar las desavenencias que la Ley del Suelo ha producido entre los dos partidos que sustentan al Ejecutivo y, con frases hechas, han sorteado los intentos de la oposición para que la brecha por el futuro ordenamiento territorial se agrandara durante la sesión de control celebrada en el Parlamento. 

Por ello, tanto la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, como el diputado Miguel Jorge Blanco, insistieron en sus respectivas preguntas a Clavijo y Hernández, en resaltar la actitud crítica de los socialistas con el anteproyecto del nuevo texto normativo que, en opinión de los conservadores, será “el más importante de la actual legislatura”. 

“Estoy convencido de que los miembros del Gobierno lo aprobaremos y habrá amplio apoyo”, aseguró el presidente mientras que su número dos en el gabinete increpó a los conservadores “por venir a darse cuenta de que el Gobierno lo formamos dos partidos distintos”. 

Sin embargo, Hernández insistió en que “como ha dicho el presidente”, lo importante es que “hay voluntad de acuerdo, de diálogo y oportunidad política para considerar necesaria la Ley del Suelo”. Un consenso que la vicepresidente insistió en que “no debe darse sólo entre las fuerzas que conforman el Gobierno sino con el resto de las que hay en el Parlamento, incluso las que no están aquí representadas, para que sea una ley de amplia trayectoria en el tiempo y que acabe con la maraña administrativa y proteja el suelo rústico”. 

“Celebramos que valore esta Ley, pero nos preocupa que no todos en el PSOE piensen lo mismo”, dijo el conservador Jorge Blanco, en referencia a, por ejemplo, el socialista Gustavo Matos, quien aseguró recientemente que “tampoco me gusta la letra” del anteproyecto, “por lo que tendrá que cambiar mucho la Ley para que se le pueda votar a favor en el Parlamento”. 

Por ello, los conservadores, intentaron sin éxito que Hernández se pronunciara a favor de la desaparición de la Cotmac y de mayor flexibilidad en el uso del suelo rústico. 

Por su parte, la diputada de Podemos Asunción Delgado criticó todo lo que, precisamente, alaba el Grupo Popular, alertando de que el Gobierno regional o un cabildo podrá “aprobar en dos meses una actuación turística del tamaño de Las Américas o de Playa del Inglés en contra del planeamiento vigente”, dando vía a construir en suelo agrícola “ocurrencias” como regasificadoras. 

“Los artículos 124 y 155 son dos agujeros negros que se convertirán en coladero de los proyectos más inverosímiles y sin criterios de ordenación”, vaticinó la portavoz de la fuerza morada. 

“No se recalificará ni un metro de suelo más”, concluyó el presidente Clavijo tras recordar que la intención del anteproyecto es “la descentralización” para su debate.