Coaccionan a Chaparro por sus denuncias en la Televisión Canaria

Domingo González Chaparro, uno de los tres consejeros de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) que junto a los vocales Miguel Guerra García de Celis y Manuel González Álvarez denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades en la adjudicación de los servicios informativos, denunció este martes que desde “ámbitos” del Gobierno regional y de la empresa adjudicataria están intentando coaccionarle “con injurias y ataques personales” para que no prosiga con la investigación. Chaparro garantizó que seguirá adelante con sus denuncias en los tribunales de justicia “y donde haga falta”.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“Este intento de linchamiento público, con injurias y calumnias, demuestra la utilización de prácticas ilegales de coacción y extorsión para intentar intimidar a los denunciantes”, señaló González Chaparro, que tachó de “cobardes” a los que utilizan “la injuria” para intentar amedrentarle, informó el diario La Provincia.

Los abogados del Partido Socialista Canario (PSC) estudian otra ampliación de la denuncia ante el fiscal de Anticorrupción, Luis del Río, para pedir el amparo de los tribunales.

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