El Colegio de Arquitectos advierte del ''escaso rigor'' de las Medidas Urgentes
El Colegio de Arquitectos de Canarias considera que la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno es una norma legal de ''escaso rigor'' y ''renuncia a la planificación y a un modelo integrado de desarrollo'', que va a permitir “actuaciones directas sobre el territorio” con un “mayor consumo” del suelo, protegido ahora dentro de la moratoria turística, que la nueva Ley promovida por CC y PP modificará en cuanto sea aprobada en el Parlamento.
Es el propio decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Virgilio Gutiérrez, quien en una carta dirigida al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advierte de “las graves deficiencias detectadas tras el intenso trabajo realizado en el seno” de su colectivo sobre la Ley, que además, “hurta a los profesionales y a la sociedad en general de la imprescindible participación, ante un tema de tanta trascendencia en sus consecuencias territoriales y derivaciones económicas”.
En la misiva fechada el pasado 13 de octubre y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, Gutiérrez, en nombre del colectivo de arquitectos canarios, alerta al presidente del Gobierno que “con el pretexto de fomentar el desarrollo sostenible se articula una Ley esencialmente económica”, en la que el consumo del suelo actualmente rústico será “de una trascendencia territorial profunda”, porque el Ejecutivo pretende renunciar “a la planificación y a un modelo integrado de desarrollo”.
Para el COAC, el “escaso rigor” de la Ley de Medidas Urgentes se debe a que cuenta con “numerosas imprecisiones”, cuyo desarrollo quedará sometido “incluso a procesos de planeamiento inapropiados”, en contradicción “con la pretendida dinamización económica”.
Colonización de suelo sin garantías al margen del planeamiento
Los arquitectos de las Islas critican “la renuncia a la planificación, como herramienta para la ordenación del territorio, con una serie de medidas cuya aplicación va a suponer la apertura a la colonización sin garantías de suelo rústico”. Y eso a pesar de que el texto de las Medidas Urgentes contiene “continuas referencias al desarrollo sostenible”.
El COAC recuerda a Rivero que son las administraciones públicas quienes deben de velar por la ordenación planificada del territorio en atención a las singularidades de cada isla “y con las garantías de la participación ciudadana y la información pública”, un derecho que el Gobierno de Canarias no aplica en la norma pendiente de su aprobación parlamentaria.
Además, el informe de los arquitectos -que critican que en mayo pasado se les diera sólo una semana para dar su opinión al respecto de la ley- revela que la norma introduce determinaciones que bajo la denominación de “urbanismo flexible se llena de figuras especiales que son utilizadas para actuar al margen del planeamiento, urbanizar y construir a golpe de actuaciones singulares en suelo rústico”.
En este caso concreto, la postura del COAC resalta la posibilidad de urbanizar en suelo rústico actuaciones de carácter industrial, que colisionan con la finalidad de preservarlo del proceso urbanizador recogido en la Ley de Ordenación del Territorio“.
También entra a valorar de manera negativa el enfoque que da la Ley de Medidas Urgentes a la rehabilitación de la planta turística, ya que, a su juicio, “se vuelve a caer en el error de no priorizar ámbitos y de no distinguir, al aplicar la suspensión de licencias, situaciones diferenciadas con respecto a la cumplimentación de deberes urbanísticos”.
Por último, considera “preocupante la función asumida por este proyecto de Ley de dar cobertura legal indiscriminada” a explotaciones ganaderas ilegales o establecimientos turísticos no reglados.
