La concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife fracasa en su intento de que Ciudadanos le indemnice por los perjuicios de su primera expulsión

La concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, cuyo voto sirvió para que Coalición Canaria recuperara la alcaldía de la ciudad un año después de perderla en 2019, ha fracasado en su intento por que Ciudadanos, el partido al que debe su acta, le indemnice por las consecuencias de su primera expulsión. Alonso, que tendrá que pagar las costas judiciales a Ciudadanos, estuvo representada en este juicio por el mismo abogado que defiende habitualmente intereses de Coalición Canaria o de elementos afines, como el periodista Francisco Pomares.

En una sentencia notificada este miércoles a las partes, la jueza de Primera Instancia 3 de Santa Cruz de Tenerife, Ana Delia Hernández Sarmiento, echa por tierra todas las pretensiones de Alonso. Básicamente, la concejala reclamaba que se le indemnizara por algo más de 43.000 euros por los emolumentos que, a su entender, dejó de percibir durante el tiempo en el que se le recluyó en el grupo de concejales no adscritos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de su expulsión inicial de Ciudadanos. La consideración de no adscritos relega a los concejales que la sufren a no poder percibir salarios de ningún tipo ni siquiera ejerciendo la dedicación exclusiva a la Corporación. Pero la jueza, basándose en una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha desestimado la demanda de la concejala tránsfuga. 

Entre otras consideraciones, la jueza ha recordado en su resolución que cuando Alonso fue nombrada concejala con tareas de gobierno ella sabía que no podía percibir emolumentos por estar expulsada del partido por el que resultó elegida concejala. Por lo tanto, debería saber que no podía ejercer en régimen de exclusividad en tal situación administrativa.

La concejala tránsfuga pretendía que se le reconocieran los perjuicios que le ocasionó esa primera expulsión de su partido, que resultó fallida por la chapucera manera en la que actuó la dirección nacional de Ciudadanos. Esa primera expulsión quedó anulada por resolución judicial después de que el partido que preside Inés Arrimadas se allanara en la demanda reconociendo errores formales en la tramitación.

Pero una segunda expulsión se cursó de inmediato y causó efectos el verano pasado sin que hasta el momento Ciudadanos haya notificado al pleno del Ayuntamiento que debe enviar a la concejala tránsfuga al grupo de no adscritos, lo que conllevaría la pérdida de emolumentos por los actuales cargos que desempeña en el grupo de gobierno de Coalición Canaria con el Partido Popular.

Evelyn Alonso accedió al cargo de concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una pintoresca crisis en esa Corporación ocasionada por la repentina dimisión de un concejal de Ciudadanos, Juan Ramón Lazcano, que ejercía como concejal de Urbanismo en el gobierno municipal del PSOE con su partido, con el apoyo externo de Unidas Podemos. Lazcano se llegó a quejar poco antes de su marcha del exiguo sueldo que percibía como concejal y prefirió dejar la política. En su lugar entró una empleada mileurista del partido, Evelyn Alonso, que incluso antes de tomar posesión ya desoía las órdenes de Ciudadanos de mantenerse fiel al gobierno municipal del que formaba parte. Era un clamor en Tenerife que desobedecería cualquier orden que le impidiera apoyar una moción de censura que devolviera la alcaldía a Coalición Canaria. Y sí lo hizo.

Alonso fue elevada a las más altas responsabilidades de toda su inexistente carrera política: concejala de Seguridad (responsable de la Policía Local de la ciudad), además de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, con un salario cercano a los 60.000 euros anuales. Tras su irrupción en la corte urbana de Coalición Canaria ascendió socialmente, cambió su domicilio por uno más lujoso, comenzó a frecuentar los restaurantes y las tiendas de la alta sociedad tinerfeña y se emparejó con el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía. Todo ello haciendo el alarde correspondiente en las redes sociales, en las que tiene una presencia constante.

La sentencia que la condena a pagar las costas judiciales y desestima su petición de una indemnización de más de 43.000 euros puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.