El concurso de méritos deja a más de mil funcionarios en el aire
El informe del anterior interventor general de la CAC, Jesús Velayos Morales, entiende conveniente que se profundice en “fórmulas que permitiera a los empleados públicos desarrollar su carrera profesional a la par que que evoluciona el nivel de las funciones encomendadas a los puestos que desempeñan; superando las rigideces actuales del sistema de modificación de las RRPPTT [Relaciones de Puestos de Trabajo]”, ya que “una organización con funciuones rígidas es una organización que no evoluciona”.
Y todo porque el último concurso convocado por el Gobierno de Canarias para el personal funcionario, que data del 22 de septiembre de 2000, está pendiente de una resolución judicial por una serie de vicios de nulidad, con sentencias anulatorias de la resolución del concurso el 27 de julio de 2001, por la que se aprobó la lista definitiva de adjudicación de puestos.
El más grave de estos vicios de nulidad es el que establecía en sus bases la posibilidad de adjudicar a funcionarios del Cuerpo Auxiliar determinadas Jefaturas de Negociado con doble adscripción alos Cuerpos C (administrativos) y D (auxiliares), y nivel de complemento de destino superior a 18, que resulta contrario al Decreto 48/1998, de 17 de abril, que regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario.
Así, la Intervención General advierte claramente al Ejecutivo autónomo que la resolución del concurso “supondrá el traslado de aproximadamente 1.375 funcionarios en la Administración”, y que “esta rotación tendrá una evidente repercusión en los resultados de gestión de los centros afectados, que verán perder efectivos con alta especialización para recibir a otros que precisarán de cierto tiempo de aprendizaje”.
Adjudicaron plazas ya ocupadas con posterioridad al concurso
Es más, resalta el informe del Servicio de Control de Gestión de los Recursos Humanos de la CAC que, no sólo el Ejecutivo ha metido en un atolladero a la Comunidad con esta serie de sentencias parciales contra el concurso de méritos del personal funcionario, sino que “durante el ejercicio 2005, una vez elevada la propuesta definitiva de adjudicación de puestos por la Comisión de Evaluación” al titular de la Consejería de Presidencia y Justicia, con fecha 31 de marzo [en esa época era Maria Australia Navarro, del PP], “se detecta la imposibilidad de adjudicar determinados puestos por encontrarse suprimidos, transferidos u ocupados de forma definitiva por otros funcionarios en virtud de procedimientos que tuvieron lugar con posterioridad al concurso”.
Es en este punto donde se encuentra ahora, pendiente de resolución judicial, el polémico concurso de méritos de 2000, ya que la Administración decidió plantear a la Justicia este problema suscitado a dos bandas: un concurso viciado de nulidad que, una vez corregido en parte cuatro años después de sus errores de raíz, no puede aplicar porque se han ocupado por otra vía las plazas adjudicadas a estas oposiciones para funcionarios de todos los grupos. Tanto, que enero de 2006, el sustituto de María Australia Navarro, José Miguel Ruano (CC), instó a la Dirección General del Servicio Jurídico a plantear, en vía judicial, la imposibilidad de ejecutar en su totalidad las sentencias contra el concurso de méritos del personal funcionario. Y el Gobierno está a la espera de esa resolución judicial.
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