El Consejo de Ministros aborda este martes el indulto al exjuez corrupto Salvador Alba

El Consejo de Ministros tiene previsto abordar en su reunión de este martes la concesión de un indulto parcial al exjuez corrupto Salvador Alba Mesa, actualmente en prisión cumpliendo una condena a seis años y medio que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental cuando, entre 2015 y 2016, conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Los informes que va a analizar el Consejo de Ministros son desfavorables a la concesión de la medida de gracia, empezando por el que en mayo pasado emitió el órgano sentenciador, el TSJ de Canarias, que no apreció indicios de arrepentimiento en el reo, además de resaltar la gravedad de los delitos por los que fue condenado, “los más graves que puede cometer” un magistrado en el ejercicio de su cargo “como miembro de uno de los tres poderes del Estado”. Tanto el informe del órgano sentenciador como del Ministerio Fiscal o el Ministerio de Justicia son preceptivos, pero no vinculantes, así que la decisión final del indulto corresponde al Consejo de Ministros, al que se ha elevado una propuesta negativa.

El indulto a Alba lo había solicitado en marzo la esposa del reo, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, alegando entre otras cosas que el exjuez corrupto no había sido sancionado por el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente lo expulsaba de la carrera ese mismo mes en cumplimiento de la condena a 18 años de inhabilitación incluida en la sentencia. Lorenzo solicitó al Ministerio de Justicia una reducción de la condena para evitar el ingreso en prisión de su marido, al tiempo que este, a través de su abogado, Nicolás González-Cuéllar, pedía que se suspendiera el ingreso en prisión hasta que se resolviera la petición de indulto. La justicia le ha denegado esa petición, al igual que la de aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo.

En abril pasado, en el curso del expediente de su indulto, la Policía Nacional citó al exjuez para someterlo a un cuestionario de rutina y fue a lo largo de esa declaración donde se comprobó que el condenado no presentaba signo alguno de arrepentimiento. Preguntado por el agente actuante si estaba arrepentido de los delitos por los que había sido condenado, contestó: “He recurrido ante el Tribunal Constitucional porque soy consciente de que mis derechos fundamentales se han vulnerado desde el inicio del proceso. Siempre he cumplido con mis deberes judiciales y lamento cualquier daño o perjuicio que haya podido causar con mis decisiones judiciales”. En esa misma declaración policial, que fue remitida al TSJC para elaborar su informe, Alba dijo que cursaba tercero de Psicología en la UNED y que se había dado de alta unos días antes en el régimen de autónomos para trabajar como “consultor” en el despacho de abogados Consortium, del que es principal accionista el ex vicesecretario general del Partido Popular canario y senador hasta 2019 Jorge Alberto Rodríguez, quien fuera mano derecha del exministro José Manuel Soria durante una buena parte de su carrera política.

Alba fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021 y entró en la cárcel el pasado 18 de octubre, horas después de que la Sala de lo Penal del tribunal canario dictara contra él una orden de busca y captura por no haberse presentado de forma voluntaria en una prisión transcurrido el plazo de 24 horas que ese mismo órgano judicial le había concedido cuatro días antes. La defensa del exjuez corrupto logró dilatar la ejecución de la condena once meses con una batería de artimañas y recursos. Hace dos semanas fue trasladado vía Tenerife a la cárcel de Estremera, en Madrid, pendiente de que Instituciones Penitenciarias resuelva su petición de cumplir su condena en la cárcel Sevilla 1, ciudad en la que tiene familiares cercanos.