El fiscal jefe critica el ''desafortunado'' ataque de CC y PP a la Justicia
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, calificó este lunes de “desafortunadas” las críticas vertidas por dirigentes de Coalición Canaria y Partido Popular contra el auto dictado por el juez Baltasar Garzón y contra el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El auto dictado por Garzón señala la existencia de indicios sobre un presunto delito de cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, en relación con varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico. Precisamente, el juzgado de instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife recibió este lunes el auto del juez de la Audiencia Nacional, informo el TSJC.
Vicente Garrido, en los pasillos del Parlamento y antes de que iniciara la presentación de la memoria de la Fiscalía del TSJC en 2005, subrayó que las críticas le parecen “personal y profesionalmente desafortunadas”. A su juicio, “las críticas dan lugar a una desconfianza en la Justicia, en los tribunales y en el ministerio Fiscal y nosotros actuamos bajo principios constitucionales y no estamos sometidos al poder Ejecutivo”, aseguró el Fiscal Jefe del TSJC.
Vicente Garrido explicó que el auto de Garzón irá al juzgado canario que le corresponda por sorteo y allí se valorará la documentación remitida y se analizarán los posibles indicios de criminalidad. En caso de la que persona imputada sea aforada (como Miguel Zerolo, diputado por CC en el Parlamento regional), las diligencias se remitirán al Tribunal Superior, agregó el fiscal jefe.
Recepción del auto en los juzgados tinerfeños
El juzgado de instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife recibió este lunes el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se traslada la existencia de indicios de presunto cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Garzón, en su auto del 4 de diciembre, se inhibió en favor de este juzgado provincial debido a que la Audiencia Nacional no es competente en la investigación del presunto delito de cohecho al que apuntan los indicios.
Este caso, relacionado con operaciones inmobiliarias de empresas filiales de Fórum Filatélico, afecta, además de a Miguel Zerolo y a Luis Suárez Trenor, a la asesora urbanística municipal Herminia Gil y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, según el auto. Dado que Miguel Zerolo es diputado regional, es previsible que el Juzgado de Instrucción número cino de Santa Cruz de Tenerife remita el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, indicaron fuentes judiciales.
En su auto, Garzón situaba a Zerolo y Suárez Trenor “entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias” de dos sociedades filiales de Fórum: Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, y Parque Marítimo de Anaga. No obstante, el juez precisó que “hasta el momento no existe constancia” de los pagos, que aparecieron reflejados en la documentación incautada en la sede de Fórum el 9 de mayo.
Los indicios apuntan a que esas empresas filiales podrían haber pagado para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y en una operación con dos parcelas situadas en Valle de Tahodio. Entre las personas vinculadas a Fórum que podrían estar comprometidas con los pagos se encuentran el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, y el director general de esta empresas, Antonio Merino.
También podrían estar presuntamente implicados el asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González; los miembros de Prius Abogados Antonio Martín-Lomeña Guerrero y Juan José Domínguez Baro; el arquitecto Julio Aumente Aumente; los integrantes de Cuadra Asociados Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales, así como José Manuel Carlos Llorca Rodríguez y José Ana Pérez Labajos.
