La demanda de Inversiones Las Teresitas no asusta a los concejales

Los concejales de Santa Cruz de Tenerife no parecen sentirse amedrentados por la demanda civil que los constructores de Inversiones Las Teresitas han lanzado, como un órdago, al Ayuntamiento chicharrero. No solo porque no ha habido ni una alusión al respecto en el Pleno celebrado este viernes, es que ni siquiera los partidos de la oposición, desde el PP hasta Ciudadanos por Tenerife, han aprovechado la coyuntura para afearle la cara a Coalición Canaria, involucrada de lleno en el caso Las Teresitas.

Ni siquiera hubo mención en los pasillos a la abrumadora pretensión del constructor Antonio Plasencia y su “alter ego”, el empresario Ignacio González, de sacarle al pelotazo fallido en Las Teresitas 64 millones de euros sin mover un ladrillo, nunca mejor dicho. Es la diferencia entre los 52 millones de euros que deben devolver a las arcas municipales y los casi 116 millones que reclaman judicialmente por no haber podido alicatar hasta el techo la playa tinerfeña.

Esta aparente indiferencia por parte de todos los grupos municipales tiene sus motivos. El principal, que una demanda por lucro cesante es dificilísima de ganar en los tribunales. Requiere de cifras exactas, no de meras especulaciones de posibilidad de negocio, como bien argumentan Julio Pérez (PSOE) y Fernández Arcila (Sí Se Puede), ambos abogados.

Además, el comunicado emitido por el Ayuntamiento el jueves, cuando transcendió la noticia, deja claro que se sabía “desde hace meses” esta maniobra judicial, que tardará, como poco, al ritmo actual de la Justicia, entre tres y cuatro años en ser dilucidada.

Pese a que los periodistas estábamos a la espera de cualquier reacción, no las hubo. Al contrario, este viernes se mantuvo el tono de sosiego que caracteriza a los plenos de la etapa Bermúdez, tan diferentes de los crispados plenos que presidía Zerolo. Tan monocorde es el tono que resulta facilísimo quedarse dormida. Los ediles no se insultan abiertamente, no hay voces más altas unas que otras, se llegan a consensos sin que parezca que se trate de echar un pulso.

Es lo que ha ocurrido en este pleno, en el que se ha acordado retirar la moción presentada por Alternativa Sí Se Puede para que se paralicen con urgencia las extracciones de áridos de Montaña de Taco, y en su lugar, presentar una propuesta en el próximo pleno para que ese enclave sea reconvertido en un jardín.

También unánime y hasta festivo, fue el respaldo que los concejales dieron a la participación ciudadana de una portavoz de Asamblea Sociosanitaria, Conchi Pérez, quien denunció la “caótica” aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, “la comunidad autónoma que menos ha hecho por aplicar la Ley”, dijo.

Fue lo más sobresaliente de la jornada, por diferente. Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo con lo dicho con Conchi y con la moción presentada por Guillermo Guigou (Ciudadanos) para instar al Gobierno que traspase las competencias de la Ley a los ayuntamientos, al menos, la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su ficha presupuestaria, a ver si así se supera en el municipio la “vergonzosa desprotección” que sufren los dependientes y sus familias.

“Canarias ha perdido 1.600.000 euros, que ha tenido que devolver al Estado, por no aplicar la Ley”, dijo Guigou. “Una desidia”, apostilló Manuel Corrales, de SxTF. “Una vergüenza”, añadió Asunción Frías, de Sí Se Puede. CC, PP y PSOE también aplaudieron la iniciativa de hacerse con las riendas de la Ley de Dependencia. Ahora solo falta que el Gobierno de Rivero quiera.