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Desahucio por lo criminal de un edificio 'okupa'

Macame Mesa / Carmen Mesa

Desalojo inusual en Las Palmas de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción Número 7 de esta ciudad ordenó este martes el desahucio por la fuerza de uno de los edificios de okupas más conocidos de la capital grancanaria, El Palomar, ubicado en la confluencia de las calles Secretario Padilla y Pelayo, en el barrio de Guanarteme, que fue tomado desde la madrugada por un elevado número de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la de Prevención y Reacción y de la de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, algunos de ellos trasladados desde la isla de Tenerife.

La orden del juez Francisco Javier García-Sotoca es el resultado de una denuncia interpuesta por el propietario del edificio que se tramitaba estos últimos meses por la vía penal, cuando lo normal en este tipo de procedimientos es que siga la civil. Esta argucia supone un ahorro de abogados, procuradores y, sobre todo, tasas judiciales recientemente implantadas por el Gobierno, pero a cambio necesita que se pruebe la existencia previa de un delito, en este caso de usurpación por la toma del inmueble con violencia, ya sea forzando las entradas o las ventanas. Algo que contradice los argumentos de inquilinos y vecinos, que destacan el ambiente pacífico de la zona.

Las seis manzanas que rodean a El Palomar se mostraron este martes con las calles cortadas al tráfico, llenas de furgones de la Policía Nacional y agentes que permanecían cerca de las personas que residían ilegalmente en las instalaciones, que custodiaban los bultos y maletas que habían apilado sobre la acera. Una de las inquilinas que vivía en el complejo desde hace seis meses, época en que el edificio de cinco plantas pasó a ser ocupado, recuerda que la antigua residencia hotelera llevaba abandonada más de 10 años, hasta que decidieron limpiar la basura y las palomas muertas que llenaban sus habitaciones, por lo que la bautizaron de esa manera.

El Cuerpo Nacional de Policía organizó un gran despliegue con entre 80 y 100 efectivos, para desalojar a las alrededor de 50 personas que vivían en las habitaciones, entre las que se encontraban jóvenes y extranjeros, así como familias que contaban con dos menores con una edad comprendida entre los dos y los siete años, señalan fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

“Teníamos comida y nos alimentábamos bien”, afirmó una de las desalojadas, que explicó que el complejo tenía luz y que el agua estaba próxima a quedar “reparada”, ya que la conducción se encontraba estropeada cuando llegaron. No obstante, reconoció que ninguno de los inquilinos pagaba facturas, algo propio del movimiento okupa.

Varios de los desalojados aseguraron no haber recibido una notificación previa que informara de la orden judicial, por lo que la actuación llevada a cabo en la madrugada les cogió “por sorpresa”. Gloria Carolina García relató cómo a primera hora del día escuchó un fuerte golpe que se saldó con varios cristales rotos y que dio paso a la entrada de los agentes en el edificio.

Otro de los jóvenes que acababa de salir de El Palomar recordó que, al percatarse de la actuación policial, un grupo de personas decidió subir hasta la azotea, donde vieron cómo parte del operativo accedía al edificio saltando desde el tejado contiguo. El desalojo se produjo de forma pacífica y los agentes permitieron coger sus pertenencias a los okupas, que las amontonaron en las aceras cercanas al edificio.

Una vez el complejo quedó vacío, parte de los agentes policiales se quedaron en el interior revisando documentaciones ante posibles situaciones de permanencia irregular en el país, sin embargo, hasta el momento se desconoce si ha habido detenciones, así como si próximamente se llevarán a cabo más desalojos de este tipo.

Centro Social

Mientras arrastraba unas maletas, uno de los desalojados manifestó que la actuación iba a “doler al barrio” y señaló el cartel que colgaba desde el pasado 5 de mayo en la puerta de acceso y que contenía las palabras Centro Social El Palomar. García recordó el apoyo que habían obtenido desde un primer momento por parte de los vecinos, que se asomaban a las ventanas de sus casas, al ocupar las habitaciones abandonadas.

En los últimos meses, añadió, se habían comenzado a desarrollar una serie de actividades y talleres que incluían clases de baile y que se convertían en un punto de reunión para el barrio.

Mientras terminaban el proceso, uno de los jóvenes desalojados miraba fijamente al edificio desde una zona cercana a la playa de Las Canteras y dudaba de su futuro. Sin embargo, tenía claro a dónde le llevarían sus pasos en adelante: “okupar, ya sea en una casa abandonada en el campo o en la ciudad, porque no me pienso quedar en la calle”.

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