Emmasa acabará ante la Fiscalía Anticorrupción
La empresa mixta de aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) subcontrató 57 prestaciones de servicios calificados como “accesorios”, cuando muchos de ellos son servicios esenciales, lo que motivará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, anunciada este viernes por los abogados Felipe Campos y José Pérez Ventura, por incumplimiento de contrato por parte de Sacyr Vallehermoso con el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
Entre los 57 subcontratos para los que Emmasa-Sacyr pidió autorización al Ayuntamiento figuran los contraídos con Canaragua para el mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Los Moriscos y el barrio de María Jiménez, por 5.600 euros, y el mantenimiento y explotación de aguas residuales y unidades residuales por 1.766.519, 84 euros.
Asimismo, la empresa mixta tiene subcontratado con Santacrucera de Aguas el mantenimiento de la red de saneamiento, lo que cuesta 637.172,11 euros, y el mantenimiento de las estaciones de bombeo por 210.000 euros, mientras que la conservación de la planta desaladora de aguas de mar de Santa Cruz de Tenerife a cargo de la empresa Sadyt es de 930.000 euros.
483.000 euros para sueldos directivos
También figura el contrato con Valoriza Agua para el pago de los sueldos a tres directivos de la empresa por 483.652,08 euros, entre los que se encuentra el del gerente Jesús Blanco García, por más de 200.000 euros.
Fue Blanco García quién firmó los escritos al alcalde José Manuel Bermúdez para “establecer un mecanismo para proceder a la previa autorización de la Corporación municipal de aquellas subcontrataciones accesorias del servicio público que constituye el objeto de Emmasa”, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta.
El primer escrito es de uno de noviembre de 2011, a los que han seguido otros en marzo, mayo y junio de este año. Junto con los escritos figuran la relación de esas subcontrataciones, algunas con empresas propias de Sacyr, aunque como afirmó el concejal de XTF-IU, José Manuel Corrales en rueda de prensa, “el Ayuntamiento pidió esos contratos, que Sacyr se ha negado a entregar”.
“Los incumplimientos de contrato por parte de Sacyr Vallehermoso son numerosos”, sostuvo el concejal, quien recordó que el 25 de mayo de pasado se aprobó por unanimidad en un Pleno recuperar el servicio y gestión de aguas para que vuelva a ser de titularidad pública, lo que debió haberse llevado a cabo en octubre pasado.
Felipe Campos y Pérez Ventura, que comparecieron ante la prensa junto a Corrales, coincidieron en que hay motivos de sobra para rescindir el contrato a Sacyr, y pidieron que en caso de tener que indemnizar a esta empresa por lucro cesante, se hiciese “con el patrimonio de los responsables políticos que permitieron la privatización del agua”, entre ellos, Cristina Tavío y el actual subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, Guillermo Díaz Guerra.
Presiones a favor de la privatización
En cuanto a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la nulidad de la privatización de Emmasa, Corrales y los dos abogados explicaron que existe la posibilidad de asumir de nuevo la gestión pública del agua a coste cero si primero se rescinde el contrato con Sacyr y luego se ejecuta el fallo judicial, por lo que no sería necesario abonar indemnización alguna.
Por el contrario, si se ejecuta la sentencia antes de que se rompa el contrato con Sacyr, habría que indemnizarla, pese a que otro de los incumplimientos por parte de esta empresa privada son las inversiones comprometidas y no realizadas para mejora de la red por 30 millones de euros.
Pérez Ventura explicó que “se ha alterado la estructura de los costes con subcontrataciones a empresas del grupo que dan beneficios”, al tiempo que ha habido “una degradación de las condiciones laborales de los trabajadores de Emmasa”, y Campos aclaró que “la empresa simula pérdidas, lo que hace que aumente el precio del agua”, por lo que en la actualidad “es la más cara de España”.
Este letrado recordó que la privatización de la gestión del agua en Tenerife contó con el informe desfavorable en un primer momento del interventor municipal Miguel Ángel Rojo Garnica, quien reconoció ante un juez de lo contencioso administrativo que había recibido presiones para variar ese informe por parte del secretario municipal Luis Prieto. El interventor fue destituido.
