Facturas (NO VALE)
El colectivo de juristas Justicia y Sociedad presentó este jueves la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el llamado “Caso Facturas del
PP“.
En la última semana los distintos medios de comunicación social se han
hecho eco del Informe de Fiscalización elaborado por la Intervención General
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que en evidencia gastos
impropios, gravemente irregulares realizados por el grupo municipal popular
durante el mandado correspondiente a la anterior legislatura de 2003-2007.
Informe que ha causando alarma social dado que con cargo a la subvención
que el Ayuntamiento destina al funcionamiento ordinario del grupo municipal
popular, se estuvieran realizando gastos tales como bebidas alcoholicas
(whisky, ron, tequila y cerveza), ropa y complementos (gemelos por valor de
200 ?, guantes de esquí), tabaco (puros), reformas en albañilería, ropa interior
masculina y femenina o alojamiento para tres personas en un hotel de lujo en el
sur de la isla con circuito de spa incluido, etc.
La alarma social causada y las duras críticas recibidas, hicieron que
dirigentes del Partido Popular en Canarias y Tenerife salieran a la palestra con
declaraciones relevantes: Manuel Fernández González (Secretario General del
Partido Popular en Canarias); Cristina Tavío (Presidenta del Partido Popular en
Tenerife, y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el
mandato 2003-2007) y Guillermo Díaz Guerra (concejal de ese mismo
Ayuntamiento en igual periodo).
La ilegalidad de la conducta es evidente, como evidente el descaro con el
que han sido reconocidas tales conductas fraudulentas de forma expresa,
pública y directa por los propios dirigentes del partido implicado, al señalar de
forma coincidente que para justificar las cantidades ilegalmente ingresadas en
el partido procedentes de la asignación del grupo municipal popular, aportaron
“facturas personales”, es decir, lo que en palabras del Secretario General del
Partido Popular “cada uno se metió las manos en los bolsillos y sacó las
facturas personales que tenía cada uno y las aportó para cubrir ese dinero“. Es
decir, con el ánimo de defraudar se aportaron facturas que no se correspondían
con la realidad de los gastos realizados sino con otros de carácter personal, lo
que en palabras de Manuel Fernández es “un subterfugio”.
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En el presente caso, el nucleo de la conducta penalmente relevante reside
NO en haber ingresado las subvención del grupo municipal en el partido
político sino en los medios, las formas y los modos en que se trató de
aparentar fraudulentamente la regularidad en el gasto realizado con la
intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna del
Ayuntamiento.
Es por ello que los hechos referidos indiciariamente podrían constituir, de
entenderse que los gastos justificados eran reales (algo que han desmentido
los dirigentes del partido implicado ya señalado) podríamos estar hablando de
una malversación de caudales del artículo 433 del Código Penal. Si como han
reconocido se presentaron facturas justificativas de gastos distintos de los
realmente realizados como modalidad fraudulenta, podríamos estar ante una
infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación en documental del artículo
390.1 4º del Código Penal.
Para “Justicia y Sociedad” las conductas descritas se producen en el contexto
de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un
alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar
imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo
uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por
causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso las Teresitas
(con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcade, varios
concejales, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filélico en su
trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido
recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de
Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno,
caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena, o
en proceso de investigación (caso García Cabrera con una afectación al erario
público de unos 6 millones de euros, etc). No es de extrañar, por tanto, que el
alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de la
Fiscalía Anticorrupción.
Contacto:
José Pérez Ventura TF 627.565.036.
José M. Rivero TF 636.880.710.
