La Fiscalía Anticorrupción estudiará el auto que archiva el 'caso salmón'
La Asociación Justicia y Sociedad anunció este jueves que recurrirá el auto que archiva el caso Salmón por considerar que, por lo que obra en la causa y las diligencias practicadas, “hay indicios racionales de criminalidad”, informó el abogado José Manuel Rivero.
Rivero, además, confió en que la Fiscalía Anticorrupción también recurra la causa archivada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, al que se le imputaba un presunto delito de cohecho, en concurso ideal con el de prevaricación, y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios al diputado y secretario regional del PP Manuel Fernández.
El letrado de la acusación popular señaló que se debe incoar un procedimiento abreviado y dar traslado a las acusaciones para la apertura del juicio oral.
Además, confió en que el fiscal delegado de Anticorrupción, que también ha actuado en la causa por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, recurra el auto por “coherencia”.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que estudiará el auto dictado por la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, y que la próxima semana se pronunciará sobre su actuación.
Varona decretó el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados, primero por el periodista Carlos Sosa y después en una querella por la Asociación Justicia y Sociedad, no son constitutivos de delito.
En sus fundamentos, la magistrada señala que no puede considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega, e indica que tampoco queda acreditado el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos imputado al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fernández.
Además, en cuanto a la relación de este viaje con el posterior informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario, señala que Soria no estuvo presente en el Consejo de Gobierno de la corporación insular, celebrado el 20 de octubre de 2005.
En esa reunión se acordó trasladar al Gobierno canario la petición del Grupo Anfi para que el proyecto se declarara de interés general, única excepción que permite la moratoria turística para edificar este tipo de complejo.
El informe del anteproyecto turístico era de interés general para la isla, según los informes elaborados por los técnicos del Cabildo competentes en la materia, refiere el auto, que agrega que Soria “tampoco hizo gestión alguna” ante ellos ni se interesó en modo alguno por la tramitación del expediente.
Por ello, concluye que la aceptación de la invitación por parte de Soria “no tiene el alcance jurídico penal que se pretende en la denuncia y en la querella interpuesta”.
