Garrido sitúa los medios judiciales en el siglo XIX
El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido, dijo este jueves en comisión parlamentaria que los “malos” tienen a su disposición todos los recursos, tecnología y leyes, mientras que la Justicia dispone de una herramienta del siglo XIX.
Vicente Garrido hizo esta apreciación durante su comparecencia para hablar de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2012, y agregó que cuando se quiere adaptar la herramienta procesal del siglo XIX a la actualidad se producen quiebras, vulneraciones de derechos e impugnaciones.
De ese modo se provoca lentitud y la Justicia deja de ser justa porque no tiene sentido un proceso que dura nueve años, señaló Vicente Garrido, quien insistió en que es preciso “moverse en algún sentido” para adaptar la Justicia al siglo XXI.
El fiscal superior dijo que las personas con cierto poder económico y financiero que cometen un delito disponen de medios que les permite mover el “agua a su favor” con independencia de lo que ocurra en el ámbito judicial.
Vicente Garrido también se refirió a la independencia del Ministerio Fiscal y reconoció que los ciudadanos siguen pensando que está al servicio del poder político correspondiente, cuando no es así, por lo que abogó para hacer cambios de forma que se profundice en el concepto de autonomía.
Vicente Garrido, que se mostró partidario de que el Ministerio Fiscal sea el encargado de hacer la investigación, también habló de la nueva demarcación de plantas judiciales y al respecto reconoció que es necesario tener partidos judiciales.
Pero no con una división como la del siglo XIX, ya que en la actualidad los medios permiten que un fiscal pueda atender veinte asuntos.
Balance anual
Comentó que en Canarias hay ciento veinte fiscales, mientras que el número de funcionarios es de 103, el mismo que en 2006, con lo que cada fiscal dispone de 0,83 funcionarios para realizar su labor, que calificó de seria y rigurosa.
En 2012 la Fiscalía presentó en Canarias 18.372 escritos de acusación, el 0,1% menos que en 2011, y de esa cifra 11.400 fueron procedimientos de juicio rápido y de estos la conformidad llegó a casi el 74%. También se formularon 1.617 peticiones de sobreseimiento por parte de la Fiscalía.
De las 8.142 sentencias dictadas en Canarias durante 2012 el 75,43% fueron conformes con la petición del Ministerio Fiscal, explicó Vicente Garrido. El número de procedimientos incoados durante 2012 alcanzó la cifra de 268.000, de ellos 233.000 por delitos y el resto por faltas, y Vicente Garrido indicó que esas cifras desbordan y exigen permanentemente recursos humanos y materiales.
Pero si se comprueba la productividad de esa “pesada maquinaria la sorpresa es mayúscula”, pues de los 233.000 procedimientos sólo llegan a la fase de acusación 18.362, con lo que algo “se ha hecho mal”, señaló. Vicente Garrido explicó que los datos son reales pero tal vez se generan porque la maquinaria administrativa judicial está desacompasada y hay asuntos que generan actividad judicial sin ser delitos, mientras que otros se generan en un juzgado y luego corresponden a otro, por lo que insistió en pedir una nueva justicia penal adaptada a la sociedad actual.
Vicente Garrido dijo que el actual es un tiempo de cambio en el que es evidente que los modelos de convivencia muestran cierta fatiga y la administración de justicia es un instrumento imprescindible y sirve de equilibro para resolver los conflictos, pero se muestra poco eficiente.
La “quimera” de la rapidez
La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández, de Nueva Canarias, mostró su preocupación por el retraso de la justicia así como por el hecho de que la mayoría de las denuncias de delitos relacionados con el medio ambiente son privadas, en lugar de hacerlo los ayuntamientos, que son las administraciones que tienen competencias en ello.
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, también se refirió a la “quimera” de un juicios en quince días, como se dice en la memoria de la Fiscalía, y comentó que tal vez habría que quitar a los ayuntamientos las competencias en materia de disciplina urbanística porque muchas veces consienten irregularidades.
