El Gobierno canario anuncia encuentros con cabildos y ayuntamientos para cambiar la Ley del Suelo y la oposición le pide “transparencia”

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado este jueves que en el mes de marzo van a empezar los trabajos conjuntos con cabildos y ayuntamientos para la modificación de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno en 2017, también con CC y Clavijo en la presidencia.

Miranda, que ha respondido en comisión parlamentaria a preguntas sobre el planeamiento y la Ley del Suelo, ha considerado que esta legislación ha sido útil, pero ha habido dificultades en su aplicación, de manera que hay posibilidades de mejora para ofrecer más seguridad jurídica y abordar interpretaciones divergentes.

Anunció que se van a revisar los “artículos que necesitan aclaración y concretar su alcance” y se van a integrar en el texto reformado aspectos como el cambio climático, el reto demográfico, la cohesión, la igualdad o la agenda urbana.

Además, se va a “mejorar” la gestión de licencias y permisos, se dará más protagonismo a las declaraciones responsables, se impulsarán las modificaciones puntuales de los planes generales y se agilizarán los suelos urbanizables para la construcción de viviendas.

Otro de los objetivos, según Miranda, es determinar criterios homogéneos para definir proyectos de interés general y profundizar en la autonomía de los municipios, explicó el consejero.

Miranda indicó que desde que se anunció la modificación de la Ley del Suelo ha habido conversaciones iniciales con las directivas de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai) para conocer sus ideas iniciales, y a partir de marzo serán las reuniones formales para trabajar en temas concretos

En esos encuentros estarán representantes políticos y técnicos y la empresa pública Gesplan se encargará de recopilar la información generada.

También en marzo comenzará el trabajo con los colegios profesionales.

Una ley que “complicó la burocracia”

La diputada del PSOE Nayra Alemán consideró que esta revisión de la Ley del Suelo de 2017 evidencia que en lugar de simplificar la maraña burocrática y legal la ha complicado y ha paralizado el planeamiento porque los municipios no tenían la capacidad técnica para abordar todas las delegaciones que se les hicieron.

“La mayoría de los municipios enfrentan dificultades para redactar sus planes, lo que conduce a la necesidad de subvenciones para la elaboración de los planes generales”, dijo la diputada.

Esther González, de Nueva Canarias también incidió en que la Ley del Suelo de 2017 “ha generado una maraña legislativa en lugar de simplificar” y ha paralizado la planificación porque la mayoría de los ayuntamientos carecían de capacidad técnica.

La diputada de NC denunció que el reciente decreto de vivienda del Gobierno de Canarias se sitúa por encima de la Ley del Suelo y “podría acabar con cualquier planificación” ya que se rebajan los requisitos para edificar, regulariza construcciones previas de forma discrecional y podría causar “daños irreparables en la planificación urbanística.

También abre la posibilidad de construir en suelo rústico común, lo cual podría tener repercusiones significativas en el desarrollo urbanístico y medioambiental.

Esther González reclamó al consejero más “transparencia y claridad” en cuanto a las medidas específicas de rectificación de la Ley que quiere llevar a cabo.