El Gobierno central impugna la Ley de Costas canaria
El Gobierno español ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley 7/2009 de Canarias, en lo tocante a la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral, argumentando que es una invasión de su ámbito competencial, según anunció este jueves la ministra de Medio Marino, Elena Espinosa.
Una presunta invasión del ámbito competencial del Estado, en cuanto a la facultad para delimitar la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, sustenta esa impugnación, según explicó la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en una intervención en el Congreso de los Diputados.
Elena Espinosa, según informó su departamento mediante un comunicado, quiso puntualizar, al hablar del litoral canario, que “la Ley de Costas se aplica bajo criterios técnicos y rigurosos y no de una manera arbitraria y retroactiva, como lo demuestra el hecho de lo únicamente el 3% de los recursos planteados ante los Tribunales son estimados”.
En esa línea, “ha concretado que el total deslindado es del 95,2% en la provincia de Las Palmas, y del 98,7% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife”.
La ministra recalcó así mismo que, “a diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no ha aprobado una modificación de su Estatuto de Autonomía que amplíe el ámbito de competencias a la gestión del dominio público marítimo-terrestre”, según se precisa en el texto, difundido por la Delegación del Gobierno en Canarias.
En él se subraya que Espinosa, que expresó el compromiso de su departamento con Canarias “para acometer las actuaciones necesarias dirigidas a mejorar la franja litoral, respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona”, refirió que el Ministerio tiene previsto invertir en esa materia 338 millones de euros en los próximos años en las islas.
Ya que, ante el “entramado competencial” que afecta al dominio público marítimo-terrestre, en el que confluyen las administraciones estatal, autonómica, local e, incluso, a veces internacional, su departamento “ha apostado por un modelo de gestión concertada, a través de convenios con las comunidades autónomas del litoral español”.
Acuerdos suscritos con la finalidad de “proteger y conservar un espacio de extrema sensibilidad y fragilidad”, se añade en el escrito, donde se indica que, “en este contexto, la ministra ha subrayado la importancia del convenio de colaboración firmado con el Gobierno de Canarias en febrero de 2006 para una gestión integral y sostenible de la costa”.
Convenio -se recuerda- “por el que se crean comisiones a nivel político y técnico para abordar, de forma conjunta y eficaz, la toma de decisiones y las soluciones de los distintos problemas”.
