El Gobierno canario cambia la Orden que regula la compensación económica a familias acogentes de niños en protección
El objetivo es fijar criterios “lo más justos posibles”
Un total de 2.416 menores canarios cuentan con una medida de amparo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias ha modificado la Orden por la que se regula la compensación económica a las familias acogentes de menores en protección para que, en vez de que cada familia reciba una dieta niño/día de 12 euros diarios, se escalone por tramos de 6, 12 o 18 euros, según los ingresos familiares.
De esta forma, “se establecen nuevos criterios que se ajusten a la nueva realidad social”, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.
Según la directora general de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steinert, “con la publicación de la Orden se ha buscado, no sólo regular la compensación económica que se destina a las familias que acojan a un menor sino, además, establecer unos criterios lo más justos posibles para facilitar que las familias que decidan acoger a un menor puedan contar con unos ingresos que ayuden a su manutención”.
“Con esta Orden se recoge, por un lado, una modificación de la Orden anterior estableciendo los criterios que han de seguirse para la remuneración y compensación económica de los acogimientos, fijando su cuantía y los beneficiarios de éstas, así como se regula el acogimiento profesionalizado, que por definición requiere una remuneración adecuada a las características y número de menores de acoger”, explicó.
“EN BENEFICIO DE LOS MENORES”
Esta normativa está pensada “en beneficio de los menores y su presupuesto” se regulará mediante la ley de presupuesto que se debatirá en el Parlamento de Canarias.
Steinert recordó que “el fin de la Orden es velar porque estas cantidades lleguen a quien más necesitado esté y en más cantidad, según el mayor o menor grado de necesidad”.
Así pues, frente a un criterio vigente de 12 euros por niño día, parece más justo escalonar el criterio en 6, 12 o 18 euros según la necesidad de las familias, y no dotando las ayudas de las mismas cuantías para todas las familias, sin tener en cuenta a las familias que menos recursos económicos tienen“.
“Asimismo, que la cantidad remunerada por un menor se tenga en cuenta para el siguiente responde a la lógica de la economía de escala. Se pensó bastante y se consideró que no hacerlo así perjudicaría el acceso a la remuneración de otros acogimientos”, aclaró.
Sobre por qué se remunera más a la familia ajena que la extensa, alegó que “muy sencillo: La familia ajena realiza una labor de acogimiento alternativa a los centros, requiere una dedicación voluntaria que va más allá de un vínculo familiar, es altruista por naturaleza”. Por su parte, “la familia extensa requiere apoyos, ya que el acogimiento es la formalización de lo que ya han venido haciendo”, indicó.
Según la directora general, el objetivo es “potenciar el acogimiento de menores que viven en centros para que pasen a crecer y a vivir en senos familiares, porque, tengo que recordar, las políticas de actuación en materia de acogimiento de este Gobierno están dirigidas a impulsar el acogimiento familiar”.
De hecho, recordó que el Gobierno canario ya ha puesto en marcha diferentes programas que tienen como fin captar a familias, primero a la propia familia extensa, después a la familia ajena y a la familia profesionalizada para aquellos casos que presenten una mayor dificultad.
UN TOTAL DE 1.359 ACOGIDOS
En la actualidad, en Canarias, un total de 2.416 menores cuentan con una medida de amparo, de los que 1.359 están acogidos en familias y el resto, 1.057, viven en hogares y centros, “es decir, el 57 por ciento de los niños y niñas están acogidos por una familia, y sólo el 43 por ciento vive en un centro u hogar institucionalizado, y en esta línea queremos seguir trabajando”.
Por último, Steinert manifestó que “durante los dos últimos años se ha trabajado intensamente en la elaboración de esta Orden, siempre bajo el criterio de establecer una regulación de este procedimiento de la forma más justa posible y, desde luego, siempre en beneficio del niño”.
