El Gobierno canario exigirá al promotor de 17 dúplex en Hoya Pozuelo su derribo
La Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural (APMUN) hará cumplir al promotor de 17 dúplex en Hoya Pozuelo, en Telde, la sentencia que le obliga a derribar el complejo, informó este miércoles la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, insistió en el Parlamento que, ante la imposibilidad de legalización de las viviendas por estar ubicadas en zona de servidumbre costera, “la responsabilidad del quebranto patrimonial es del promotor por construir ilegalmente, por lo que deberá cumplir e indemnizar a los vecinos afectados”.
Recordó el largo proceso judicial de este asunto, que se inició con una primera denuncia del proceso interpuesta en septiembre de 1999 por un representante de Hoya Pozuelo SL, empresa a la que en su día se le notificó la licencia de obras del Ayuntamiento teldense.
El proyecto y la licencia se otorgaron, según Berriel, “respetando” las servidumbres que los promotores habían asumido, pero, posteriormente, rodaron y replantearon la obra no en el lugar para el que presentaron el proyecto sino que invadieron suelo de servidumbre de protección de costas.
Cuatro meses después de la citada denuncia, el servicio técnico de la APMUN realizó una inspección a la que se añadió el informe de la Demarcación de Costas de febrero de 2000 manteniendo la servidumbre de protección en cien metros.
La incoación del procedimiento sancionador por parte de la APMUN se produjo en abril de ese mismo año, y, en agosto, ese organismo sancionó a Hoya Pozuelo SL a pagar 186.000 euros y le exigió el restablecimiento de la realidad física alterada mediante la demolición.
El consejero regional recordó que la orden de la APMUN ha sido avalada por varias sentencias firmes y puntualizó que en su día se tramitaron varias órdenes de paralización de la urbanización.
Por último, Berriel señaló que “este rosario de recursos administrativos y jurisdiccionales, interpuestos por el promotor y algunos de los actuales propietarios, han determinado con claridad la firmeza de las resoluciones recaídas con absoluta legalidad jurídica, y, en consecuencia, no cabe sino su cumplimiento”.
