Los grupos del Parlamento canario piden que se reconozca el robo de bebés como un crimen contra la humanidad
Los grupos del Parlamento canario se han unido para presentar una proposición no de ley para que se reconozca el robo de bebés como un crimen contra la humanidad y en la que exigen al Gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN, fuera del “negocio” de ningún laboratorio genético privado.
La iniciativa fue calificada a finales de abril por la Mesa de la Cámara y lleva la firma de los portavoces de Grupo Popular, Podemos, el Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista Canario, Nueva Canarias y el Grupo Mixto.
Los diputados de todos estos grupos se han mostrado de acuerdo para requerir al Parlamento autonómico la declaración del día 30 de agosto como Día en memoria de los bebés robados y sus familias, jornada que ya conmemora a nivel internacional la Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“El Parlamento de Canarias reconoce que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compra-venta o entrega, como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos”, expresa la petición, que recuerda que tales fenómenos han sido considerados “formas de crímenes contra la humanidad”.
El Pleno de la Cámara debatirá esta semana esta proposición no de ley que reivindica el derecho a la justicia, la reparación y el conocimiento de la verdad de los afectados para que evitar que estos “aberrantes hechos vuelvan a repetirse en esta tierra” y hace un llamamiento “urgente” al Ejecutivo central y a la Fiscalía General del Estado para impulsar una investigación “efectiva y real” de todos los casos.
Defensa de las víctimas sobre intereses “oportunistas”
En este sentido, reclama el acceso de las víctimas y los investigadores a los archivos eclesiásticos, clínicos y administrativos, así como la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (CONEDI) con el fin de esclarecer las desapariciones infantiles, siguiendo así el modelo puesto en marcha en Argentina a mediados de los años 80.
Las fuerzas políticas reclaman que el Gobierno central impulse la regulación de una base nacional de datos de titularidad pública, que garantice la protección de la información “personalísima” de los afectados, fuera del “negocio” de ningún laboratorio genético privado; se repitan “desde cero” todas las pruebas de ADN y se cree una unidad policial de bebés robados, al igual que se hizo en Argentina.
Los afectados por el robo de niños prevén asistir a la sesión plenaria que dará luz verde a la proposición no de ley, al igual que ocurriera en Australia con el caso de la población aborigen. La resolución ha contado con el asesoramiento del sociólogo y experto Francisco González de Tena, que ha mostrado su “satisfacción” por el acuerdo de todos los grupos políticos en defensa de las víctimas y sin primar intereses “oportunistas”.
“Estamos satisfechos por la seriedad jurídica y altura de miras del texto, llamando las cosas por su nombre por primera vez en un Parlamento conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Para los que defendemos a las víctimas por encima de cualquier otra cosa no nos cabe ninguna duda de que el interés de las víctimas debe estar por encima del interés oportunista de cualquier sigla, Canarias acaba de dar ejemplo de cómo se deben hacer las cosas bien”, ha concluido en declaraciones a Europa Press.
