Inquietud por la ley de Colegios Profesionales
La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias ha expresado este miércoles su “discrepancia y preocupación” por el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales aprobado este mes por el Consejo de Ministros, que considera que perjudica al interés general y los derechos de los ciudadanos.
“La pérdida de independencia que dicho documento expresa para el ejercicio de las funciones que los colegios, como corporaciones de Derecho Público, ejercen como parte de la sociedad civil organizada”, es el principal aspecto de dicha norma que denuncia esa organización en un comunicado.
En él se acusa, además, al Gobierno de “falta de interlocución para la elaboración de este anteproyecto” con los colectivos interesados.
Colectivos entre los que figuran, en el caso concreto de la referida asociación canaria, algunos que entienden que el texto aprobado por el Consejo de Ministros les beneficia, como en el caso del Colegio de Médicos de Las Palmas.
Un colegio desde el cual se ha explicado a Efe que sus miembros opinan que el anteproyecto es favorable a muchas de las aspiraciones por las que han trabajado desde hace años, como que haya independencia entre sus cargos y los de organizaciones sindicales o políticas, y que por ello lo han alabado.
Sus fuentes han matizado, no obstante, que los médicos de Las Palmas apuestan por ser solidarios con otros tipos de profesionales que, al contrario que ellos, se consideran perjudicados por el documento y reivindican que se introduzcan cambios que den respuesta a sus aspiraciones sectoriales.
Esos deseos de que se rectifique la norma los comparte en todo caso, según han precisado, la mayoría de las veintiséis organizaciones que forman parte de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias.
Asociación que cuestiona el anteproyecto con el argumento de que apuesta por una liberalización del sector planteada en unos términos que conducen a que los referidos colegios pierdan “su función de vigilancia sobre el servicio prestado por sus profesionales de manera que se garantice a los ciudadanos la máxima calidad de dichos servicios”.
Ya que “hay que tener en cuenta que cuando se habla de profesiones colegiadas nos referimos a derechos fundamentales, ya que su ejercicio afecta directamente a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente”, se apostilla en su escrito.
Y se añade que, por lo expuesto, desde dicha asociación “se defiende la necesidad de mantener la colegiación, no solo en las profesiones jurídicas, sanitarias o técnicas, sino también en todas aquellas en las que la falta de vigilancia por parte de los colegios profesionales pudiera tener efectos negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como es el caso del intrusismo”.
Profesiones entre las que figuran, según se detalla, las de economistas, trabajadores sociales, gestores administrativos, administradores de fincas, licenciados en educación física, ingenieros técnicos en informática, biólogos, agentes comerciales y registradores de la propiedad.
Puesto que todas ellas “poseen una clara implicación en la salud de las personas, en la seguridad física o jurídica o en la gestión del patrimonio de los clientes”, se asegura en el escrito.
