Las irregularidades turísticas en Yaiza y Teguise entran en Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción asumirá la acusación en la investigación que se sigue en un juzgado de Arrecife contra los alcaldes de los municipios lanzaroteños de Yaiza y Teguise, a quienes se acusa de conceder ilegalmente licencias de obras para construir 20.000 camas en áreas turísticas.
El proceso judicial se inició después de que el ex consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, del PSOE, presentara una denuncia ante la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.
Espino pidió que se investigaran las posibles irregularidades cometidas por los alcaldes José Francisco Reyes, de Yaiza, y Juan Pedro Hernández, de Teguise, en el otorgamiento de licencias de construcción en las zonas turísticas de Playa Blanca, en Yaiza, y Costa Teguise, en el municipio de Teguise.
Según consta en la denuncia, Espino acudió a la Policía tras recibir un informe del abogado del Cabildo Agustín Domingo Acosta Hernández, experto en derecho administrativo y que lleva la dirección jurídica de la corporación en los procesos urbanísticos desde hace diez años.
En el informe de Acosta, que le fue solicitado oficialmente por acuerdo unánime del pleno de la corporación, se advertía al político de que los citados alcaldes habrían podido cometer varios delitos en el otorgamiento de las licencias, que en su día habían sido recurridas por el Cabildo ante los tribunales.
El informe del abogado hace referencia a la supuesta multitud de irregularidades urbanísticas cometidas por los alcaldes de Yaiza y Teguise para el otorgamiento de licencias de construcción durante el proceso de revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, entre los años 1998 y 2000.
El Cabildo de Lanzarote recurrió en su día el otorgamiento de esas licencias, que afectan a unas 20.000 camas, ante los Tribunales al considerar los servicios jurídicos de la entidad que son ilegales.
El letrado Acosta Hernández destaca en su informe que casi 5.000 camas residenciales fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Yaiza para su ejecución en el plan parcial Playa Blanca, que el Cabildo considera extinguido.
Según consta en el procedimiento judicial, tras recibir la denuncia de Espino, la Policía abrió una investigación “sobre una supuesta trama encaminada, por un lado a otorgar una gran cantidad de licencias urbanísticas” y a esclarecer “el incalculable beneficio que con todas esas licencias irregularmente otorgadas hayan podido obtener multitud de promotores y constructores”.
La Policía Judicial asegura en su informe al Juzgado que de sus indagaciones se desprende la existencia de una trama en la que participan los alcaldes investigados y el bufete del abogado Felipe Fernández Camero, quien en algunos procesos defendía los intereses del ayuntamiento y del promotor.
El informe policial indica que en otros procedimientos, el abogado Felipe Fernández representa a la institución y su hija o el compañero sentimental de ésta, todos ellos compañeros de despacho, representan a la otra parte.
El juzgado que instruye el procedimiento autorizó a la Policía a intervenir los teléfonos de los dos alcaldes investigados, que están citados a declarar pasados los comicios electorales.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, de CC, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia para que se investigue si el consejero que denunció a los alcaldes “pudo incurrir en un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos mientras ostentaba dicho cargo”.
El ex consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote presentó la denuncia ante la Policía cuando su partido gobernaba en el Cabildo junto a CC, aunque el pacto se rompió después de que la Policía abriera la investigación.
El informe no “ha llegado” aún a Presidencia
En su escrito al Juzgado, la presidenta del Cabildo afirma que “la institución tuvo conocimiento de la existencia de un informe jurídico realizado por un abogado sobre irregularidades advertidas en la concesión de las licencias recurridas por el Cabildo” a través de los medios de comunicación“ y asegura que ”el original de este informe, encargado por el pleno de la corporación el 27 de mayo de 2005, aún hoy no ha sido recibido por la Presidencia, a pesar de haber sido solicitado de forma reiterada, tanto escrita como verbalmente, desde el día 29 de noviembre de 2006“ .
Fuentes del PSOE aseguraron que la denuncia formulada por la presidenta del Cabildo contra el consejero Carlos Espino “es una simple maniobra para hacer creer que ella desconocía el informe, cuando en realidad fue presentado y registrado oficialmente en la corporación el día 6 de junio” de 2006.
Los socialistas recordaron que el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, es compañero de partido de la actual presidenta del Cabildo y señalaron que “es bochornoso que ahora se denuncie a una personal que simplemente ha cumplido con su obligación de denunciar unos hechos supuestamente delictivos de los que tuvo conocimiento en función de su cargo”.
Añadieron que “lo peor de todo es que Rojas dice que no conocía un informe que pagó al abogado el pasado mes de febrero”.
