La jefa de Policía se querellará contra los que la denunciaron falsamente
La jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, estudia en estos momentos junto a sus abogados la interposición de acciones legales por denuncias falsas contra los agentes policiales que la denunciaron a ella por irregularidades en el marco de investigaciones por corrupción relacionadas con el PP. El juez Tomás Martín, titular de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha archivado las denuncias contra De Vega mediante un auto que no deja lugar a dudas
Según público La Provincia este sábado, el magistrado Tomás Martín ha archivado las denuncias contra Concepción de Vega por ser “vagas, genéricas e inconcretas”, al tiempo que advierte a los denunciantes (los inspectores José Ángel Vargas y Francisco Santana, a los que se sumaron Onalia Bueno y otros imputados en causas penales), que “no se obtendrá a través de esta causa instrumento alguno con el que se pretenda revisar lo actuado por otro órgano”. Quiere con esto decir el juez que los denunciantes y los que se adhirieron a las denuncias, todos ellos imputados por revelación de secretos o por delitos relacionados con la corrupción en los casos de Faycán y Góndola, no pueden utilizar la apertura de otras diligencias para tratar que se revise lo que está realizado en otros sumarios.
Independientemente de los expedientes internos a los que se enfrentan los inspectores denunciantes por supuesta revelación de secretos, la jefa superior de Policía estudia denunciarles penalmente por haber presentado denuncias falsas a un juzgado. Estas denuncias han supuesto una grave erosión no sólo para los mandos policiales, sino también para la credibilidad del cuerpo, toda vez que han sido utilizadas como arma política y estrategia de defensa de los imputados por corrupción en Gran Canaria.
Las denuncias de los inspectores de Policía contra la jefa superior, Concepción de Vega, y otros mandos policiales como Abel Pérez o Juan Murillo, fueron instrumentalizadas por el PP para tratar de hacer ver que en torno a los casos de corrupción que han afectado a su partido se han producido instrucciones políticas e irregularidades policiales. Tal fue el grado de contaminación que consiguieron transmitir estas denuncias, que el asunto se llevó al Congreso de los Diputados y al Senado, donde se vio obligado a dar explicaciones el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que siempre respaldó la labor de la jefa superior de Policía de Canarias.
Las denuncias por supuestas irregularidades policiales empezaron a caer con cuentagotas en los juzgados de Telde hace más de un año. Fueron los inspectores Alexis Martín y Miguel Ángel Martín, imputados entonces por revelación de secretos en la operación Faycán (se les acusaba de haber facilitado la libreta de Toñi Torres a otros imputados) quienes primeros interpusieron denuncias ante la juez María de los Ángeles Zabala. Ésta se inhibió en favor de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, con lo que recayó la causa en Instrucción 3.
Poco a poco se fueron incrementando las denuncias y los denunciantes, todos ellos con el común denominador de estar relacionados con las tramas corruptas de Mogán y Telde. Y casi todas ellas con el común denominador de un mismo abogado, Juan Sánchez Limiñana, defensor de dos imputados en Faycán.
