Jueces para la Democracia no descarta recurrir el decreto sobre los recortes a la administración pública
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS)
Jueces para la Democracia ha afirmado que no se descarta que la asociación recurra, por motivo de inconstitucionalidad, el real decreto aprobado por el Gobierno en el que se contemplan los recortes a la administración pública y a los salarios de los funcionarios, iniciativa que se está debatiendo y valorando en la actualidad.
“El real decreto sólo puede recurrirse por motivo de inconstitucionalidad y el acto de aplicación que podría ser la nómina de todos los funcionarios se podría recurrir. Se ha valorado y se está valorando en los juzgados de lo contencioso administrativo porque existe también la posibilidad de esta medida”, manifestó hoy la portavoz de la asociación judicial en Canarias, María Victoria Rosell, durante una rueda de prensa.
De esta manera, distinguió entre servicios públicos esenciales y organismos que sí que están sobredimensionados, llamando a la racionalización en el recorte para que no se vea afectado no sólo no lo que no está sobredimensionado, sino también lo que está falto de inversiones, entendiendo que la justicia es uno de los últimos “bastiones” a los que puede recurrir el ciudadano, por lo que “debe” seguir siendo un servicio público eficaz.
Rosell expuso que no se ha descartado recurrir el decreto porque todavía lo están mirando, asegurando que la intención es que si se llevan acciones legales contra el recorte se haga en una “unidad asociativa” y unificando criterios para que las diferentes asociaciones de Jueces para la Democracia a la hora de manifestar los criterios en contra de los recortes tengan los mismos argumentos.
Además, el magistrado Pedro Herrera explicó que el objetivo es intentar conseguir una postura común para ver cuál va a ser la postura a adoptar en este sentido. “Por ahora --apuntó-- creo que Jueces para la Democracia lo está intentando pero ahora mismo no hay una postura definida, a la espera del resultado de las distintas entrevistas que tendrán los representantes sociales”.
“SERVICIOS QUE SÓLO PUEDEN SER PÚBLICOS”
Por su parte, la portavoz declaró que “en España está sobredimensionada una parte de la administración pública y es cierto que existe mucho déficit público”. “Podríamos distinguir entre una parte de la administración, que son servicios esenciales y que sólo pueden ser públicos, y otras que han sido gastos enormemente superfluos que acarrean las administraciones”, dijo.
En este sentido, explicó que la Justicia no sólo es un servicio esencial, sino que necesariamente tiene que ser público, por lo que entendió que no puede “adelgazarse” para recortar el déficit.
“Desde nuestro punto de vista --añadió-- hay cuestiones que tienen que compararse y admitimos el criterio de proporcionalidad para la rebaja de sueldos si hay que apretarse el cinturón, lo comprendemos, pero también querríamos que fuera proporcional con otras áreas, como órganos que han crecido en la época de riqueza y en los cuales se ha malgastado dinero”.
QUE NO SE RECORTEN FONDOS PARA LA MODERNIZACIÓN
Rosell hizo especial hincapié en que los jueces están de acuerdo con “apretarse el cinturón” respecto a los salarios del sector público siempre que no se recorten los fondos previstos para la modernización de la Justicia, “que ya lleva un atraso importante en comparación con otras administraciones”.
Reiteró así que si se tiene que disminuir en gasto en el capítulo 1 (salarios) que se haga, pero no a costa del Plan de Modernización, recordando que el propio Ministerio ha señalado que es una “deuda” que el Estado tiene con el sector en cuanto a modernización y dotaciones de medios.
Aquí, el magistrado Pedro Herrera puntualizó que el Plan de Modernización se proyectó sobre el año 2003 y que ahora, “que parecía que iba a ponerse en marcha”, lo que no se puede hacer es que se vea paralizado por los recortes, ya que la Justicia se vería como al principio y habría que empezar de nuevo con el intento de implantar la nueva oficina judicial.
“Para implantarla --continuó-- es necesario que se racionalicen los puestos de trabajo pero, obviamente requiere un esfuerzo económico para que esta implantación tenga éxito. Y ahí es donde el Ministerio y la Administración Autonómica debe de responsabilizarse y no recortar”.
Por su parte, los jueces señalaron que en principio, el nuevo edificio, que se destinará previsiblemente a la nueva oficina judicial y que se ubicará en Las Palmas de Gran Canaria, no se verá afectado por el recorte y continuarán las obras, apuntando que el edificio de Tenerife “está parado” y que experiencias piloto en Arona (Tenerife) y Arrecife (Lanzarote) “seguirán adelante”.
