La justicia pone en números rojos las cuentas de Mogán
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado firme la sentencia que condena al Ayuntamiento de Mogán, regido por Francisco González, a pagar 4,2 millones de euros ?el 15% de su presupuesto para el 2012- a una familia del municipio del sur de Gran Canaria por unos terrenos sujetos a expropiación en el casco urbano. Ante el “trastorno grave que padecería la Hacienda Municipal” de hacer frente al pago -según expone la Junta de Gobierno- han acordado proponer tres modos de pago a los tribunales para hacer la ejecución de la sentencia “menos gravosa” para la Administración local. Según indican CIUCA y NC, “se podría acabar con el embargo de las cuentas municipales” si no fuesen aceptados.
Esta sentencia fue ratificada el 25 de noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo, obligando a pagar la mencionada cantidad de 4,2 millones de euros a los hermanos Sánchez Valerón. Por aquel entonces, el grupo de gobierno del Ayuntamiento decidió no ejecutar la sentencia de forma voluntaria hasta que fuese declarada firme. Ahora, tras confirmarse la firmeza de la sentencia, no le va a quedar más remedio que hacer frente al mencionado pago, a pesar de un informe del interventor que sostiene “la inestabilidad presupuestaria de las arcas municipales” que padece el Ayuntamiento.
Incluso en un recurso de súplica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el que se acordaba la ejecución provisional de la sentencia, el propio Ayuntamiento expone que al sumar los intereses legales, los costes financieros por endeudamiento y la cantidad de un millón de euros en concepto de otros perjuicios de difícil cuantificación, el importe al que tendrá que hacer frente el Consistorio es de casi siete millones de euros.
Ante la sequía presupuestaria de la institución, la Junta de Gobierno llegó a un acuerdo por el que se presentarán varias modalidades de pago que serán remitidas a los tribunales para su aceptación. En primer lugar, ofrecen a los expropiados bienes municipales con similares aprovechamientos urbanísticos al suelo objeto de expropiación. Por si no satisface la propuesta, están dispuestos a ofrecer parte en metálico y parte en terrenos municipales. Por último, contemplan la posibilidad del pago de la cuantía en fracciones de 300.000 euros anuales, lo que supondría el transcurso de 15 años hasta que la deuda quedase saldada.
El problema está en que los hermanos Sánchez Valerón, después de que el alcalde evitase negociar con ellos en 2003 y 2005, no aceptarán otra forma que no sea el pago en metálico. Este medio ha tenido acceso a un escrito presentado en el Consistorio en el 2003 en el que se aprecia que esta familia propuso el pago de una parte del justiprecio mediante adjudicación de terrenos, el mismo modo que ahora propone la institución municipal. Esta vía ahora está descartada por los expropiados.
Mogán intenta la nulidad del acuerdo de expropiación alegando una mala calificación
Ante el fracaso de la primera vía judicial, el grupo de gobierno moganero intentó solicitar la nulidad del acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa alegando una incorrecta calificación de los terrenos, ya que resultó que dichos solares eran rústicos y no urbanos. Sin embargo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC desestimó el recurso, alegando que la causa ya había sido juzgada anteriormente.
Aun así, el Consistorio no se dio por vencido y decidió presentar un recurso de casación contra el TSJC para conseguir la nulidad del mencionado acuerdo del jurado de expropiaciones, a pesar de existir una sentencia en firme lo declara ajustado a derecho. El recurso está pendiente de resolución, aunque desde la oposición están convencidos de que “se volverá a desestimar”.
CIUCA y NC muestran su rechazo al modo de proceder del alcalde
Desde CIUCA y NC han querido mostrar su “más enérgico rechazo” al modo de proceder con el que el alcalde de Mogán ha llevado esta cuestión. Recriminan que no negociase con los expropiados, “perdiendo la posibilidad de eludir tener que pagar en metálico”, además de condenar que favoreciese una “segunda tasación menor a la inicial llevada a cabo por el propio Ayuntamiento”.
Además, exponen que González “no quiere iniciar, tal y como le aconsejan varios jueces, el procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial a los culpables del pago de la expropiación, entre los que se encuentra el gobierno de canarias y el propio alcalde”.
