LPGC inicia el expediente para intervenir Emalsa
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intervendrá administrativamente, y de forma temporal, la empresa Emalsa para reforzar la fiscalización de su gestión ante los supuestos delitos societarios denunciados por la Fiscalía en contratos que beneficiaron a los socios privados, de los que ha acusado a 15 empresarios y directivos.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, quien ha explicado que este viernes ha decidido iniciar el expediente para determinar esta intervención en la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, que implicará que el Consistorio designe a un interventor municipal para que pueda supervisar todas las decisiones que se adopten en la compañía.
Cardona ha precisado que no estamos ante un rescate ni ante la rescisión del contrato de Emalsa, cuyos términos, ha advertido, sí podrían modificarse en función de cómo concluya el proceso penal que ha iniciado la Fiscalía al denunciar las irregularidades detectadas.
El Ministerio Fiscal ha denunciado por posibles delitos societarios, cometidos en perjuicio de Emalsa y en beneficio de sus socios privados (Sacyr y Valoriza), a 15 empresarios y directivos vinculados a ambas sociedades.
Para Cardona, los hechos que ha denunciado la Fiscalía son “gravísimos” y ratifican lo que él mismo puso en conocimiento del Ministerio Público en diciembre de 2012.
“De confirmarse estos posibles delitos, pondrán de manifiesto una administración desleal hacia el propio Ayuntamiento y hacia el ciudadano, que es el que paga. Cualquier hecho que tenga como consecuencia el encarecimiento artificial del agua tiene que tener como reacción la censura mas contundente”, ha dicho el alcalde.
A su juicio, de la minuciosa investigación desarrollada por la Fiscalía, “ha sido determinante conocer el pago -de 835.065 euros- que un socio realiza a otro miembro del consejo de administración en concepto de comisión por el arrendamiento” de la sede de Emalsa.
Juan José Cardona ha añadido que el grupo de trabajo municipal que estudia desde hace un año los incumplimientos contractuales en los que ha podido incurrir Emalsa también ha concluido que los ha habido, a lo que se suman numerosas “dudas” sobre “inversiones realizadas y el adecuado mantenimiento de la red”.
Para garantizar un buen servicio en el futuro, ya que la concesión que otorgada en 1993 a Emalsa no expira hasta dentro de 30 años, el Ayuntamiento ha promovido esta intervención administrativa temporal con el fin de “tener una mayor capacidad de control de la información y del seguimiento del día a día de la compañía”, un ámbito en el que Cardona ha admitido que ha habido un “cierto relajamiento” por la “esquizofrenia de confusión” que implica el modelo mixto de gestión elegido en su día para la empresa.
Cardona ha precisado que el Ayuntamiento “no pretende recuperar el servicio” que presta Emalsa y ha aclarado que éste “no está en riesgo”.
En su opinión, las denuncias presentadas por la Fiscalía suponen “la constatación del fracaso de un modelo de gestión”, el mixto elegido en 1993, cuyos primeros veinte años de vida han estado condicionados por su “cuestionamiento en los tribunales”.
En opinión de Cardona, esta sistema mixto ha “debilitado el papel fiscalizador del Ayuntamiento” sobre Emalsa, donde ejerce a la vez como accionista y propietario.
Ante estos hechos, ha dicho, “hubiera sido preferible que Emalsa hubiese sido totalmente privada, lo que hubiera llevado al Ayuntamiento a ejercer el control desde la titularidad, como hace con las escuelas infantiles o con parques y jardines”.
Cardona ha lamentado que los socios privados de Emalsa no le hayan llamado en los últimos días para transmitirle “que puede confiar en ellos”.
