Un ''mamotreto'' en el corazón de Tafira
Desproporcionado y disonante con la singularidad del barrio. Así califican vecinos de Tafira Alta, en Gran Canaria, el edificio resultante de las obras de ampliación de las instalaciones del Colegio Oakley, un centro para 450 alumnos ubicado en el solar que anteriormente ocupaba otra institución escolar, el Jaime Balmes.
Algunos propietarios de viviendas colindantes han hecho llegar sus denuncias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el, a su juicio, fuerte impacto visual que ejerce el inmueble en una zona residencial de las denominadas ciudad jardín, con un entorno de casas unifamiliares protegidas por su alto valor arquitectónico.
Los denunciantes, que se refieren al edificio como “mamotreto”, han acusado a los propietarios del centro escolar de cambiar la disposición de la fachada tras la demolición del viejo inmueble con la finalidad de aumentar la superficie edificable, ocasionando “un grave perjuicio” a los residentes de las viviendas anexas.
Así, esgrimen que la nueva escalera exterior invade la privacidad de los vecinos, creando una “servidumbre de vistas” sin acuerdo de las partes, y que el edificio oculta parcialmente tres inmuebles proyectados por el arquitecto Rafael Massanet en 1924, que están registrados en el Catálogo de Protección Municipal por su interés patrimonial.
Los vecinos lamentan la “falta de sensibilidad” de los propietarios del colegio con la que consideran una “zona emblemática” de la Isla, al no tener en cuenta “las volumetrías del mastodonte” y no haber respetado la disposición original de un edificio que “formaba parte del paisaje de Tafira Alta”, ni en tipología, ni en altura. Con la remodelación, han modificado la orientación del frontis de la parcela, que ha quedado en sentido perpendicular al lugar donde se ubicaba la fachada del viejo edificio.
El consistorio capitalino defiende que el terreno que ocupa el Colegio Oakley está catalogado para uso educativo y que, por lo tanto, tiene una edificabilidad de hasta tres plantas, con lo que las obras de ampliación se ajustarían a la normativa urbanística.
Por su parte, desde el centro se limitan a asegurar que las obras se enmarcan dentro de la legalidad, aunque los denunciantes aseguran que el permiso fue entregado sin que el colegio dispusiera de licencia de apertura por no haber subsanado los pertinentes requisitos técnicos que exige la normativa para garantizar la seguridad de sus usuarios.
Engaños y atascos
Los vecinos afectados han mantenido hasta la fecha más de diez reuniones con el director del centro, al que acusan de “utilizar engaños” cuando les entregó, antes de comenzar la demolición, un díptico con el proyecto de remodelación. La infografía que ilustra el documento no se ajusta, según los denunciantes, a las obras que se están realizando.
Además, le han trasladado su indignación por “el cierre sin autorización” de la calle donde aparcan las guaguas de la empresa que presta el servicio de transporte al centro, ocasionando un colapso de tráfico “en una zona tradicionalmente tranquila y no preparada para tal densidad de vehículos”.
