Mantienen la petición de dos años y diez meses de prisión para Agustín Padrón
La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y diez meses de prisión y 12 años de inhabilitación para el exalcalde de Valverde Agustín Padrón por el denominado caso piscina, relacionado con la compra de los terrenos para ubicar esta infraestructura municipal.
En el último día de la vista oral que se celebra en la sala sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el fiscal también ha mantenido la petición para los otros dos exconcejales Fernando Cordero y Ana María Guadarrama, imputados en el caso.
El fiscal señaló en su alegato final que la operación de compra concluyó con un precio muy superior al que debería haberse abonado y estimó que el intermediario de la operación también tenía que estar sentado con los acusados.
La defensa de los acusado solicitó la libre absolución y argumentó la falta de pruebas concluyentes sobre si se produjo un perjuicio a las arcas municipales en beneficio propio o terceros.
La defensa señaló que de los seis informes periciales presentados en el sumario, solo uno de ellos cumple con los requisitos legales, y éste establece un precio muy superior al que se terminó abonando por la operación.
El abogado defensor de Ana María Guadarrama señaló que su papel como miembro de la Junta de Gobierno Municipal, no la responsabiliza en ningún caso, al facultar la ley al alcalde a realizar dicha operación, tal y como, dijo, ocurrió por lo que el papel de este órgano fue meramente consultivo.
El juicio del Caso Piscina tiene sus antecedentes en una denuncia presentada por un particular en diciembre de 2006, sobre el precio pagado por el Ayuntamiento de Valverde por una parcela situada en la zona de Asabanos, donde comenzaron las obras de la piscina municipal y se construyó el Centro de Día Insular.
En concreto por la adquisición de la parcela se pagó 372.627 euros y los informes periciales señalaban que se pagó 214.000 euros más de los valorados en los informes de los técnicos municipales.
Este ha sido otro de los puntos de desencuentro entre fiscalía y defensa, las diferentes valoraciones efectuadas por los técnicos y peritos encargados de la tasación.
Mientras que para la Fiscalía está probado que se ha pagado por encima de su precio, lo que ha causado un grave perjuicio a las arcas municipales, para la defensa las tasaciones no están basadas en la realidad del mercado inmobiliario de la capital herreña, y si en un Plan General con 30 años de desfase.
