Marcos Brito, imputado por derribar una casa
El alcalde de Puerto de la Cruz, Marcos Brito, permanece como imputado por el derribo de una vivienda en el año 2006 en el barrio de Punta Brava y más concretamente en la calle Pelinor. En esta causa estaban también inculpados miembros del grupo de gobierno socialista por haber adecentado el enclave que resultó del derribo, aunque ahora el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto de la Cruz declara el sobreseimiento sobre estos concejales.
En el caso del entonces y aún hoy alcalde de Coalición Canaria (CC), el Ministerio Fiscal aprecia indicios de una posible prevaricación ya que aunque existieron razones de urgencia para demoler la vivienda, dado su mal estado, sin embargo nunca se llevó a cabo un expediente para declarar su estado de ruina. Aunque fue en 2005 cuando se determinó que era necesario que desapareciera la casa, lo cierto es que este paso no se dio hasta un año más tarde, “tiempo más que suficiente para tramitar el expediente de ruina inminente”, se señala en el auto del Juzgado. Así lo determina además la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales.
En el auto dado a conocer ahora se rechaza que aunque el derribo estuviera justificado por razones de urgencia éste no se hubiese llevado a cabo de forma inmediata. El Juzgado estima que la orden dictada para proceder a la demolición carece de amparo legal, precisamente por el tiempo que transcurrió entre que se detectó el riesgo y se llevó a cabo. Al respecto se recuerda que la ley Reguladora de Régimen local reconoce a los alcaldes la facultad de adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en casos de catástrofes, de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos las medidas necesarias y adecuadas, una vez que ha dado cuenta al pleno.
Sin embargo, el mismo Juzgado ha declarado el archivo, aunque es recurrible, de la denuncia contra los miembros del grupo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Dolores Padrón, por haber adecentado este solar. Al respecto, el Ministerio Fiscal sostiene que no existen indicios de ningún ilícito penal, “toda vez que la falta de expediente para la ejecución de las actuaciones resulta justificada ya que se trató de una obra menor”.
En concreto, tan sólo se procedió a la colocación de losetas, bancos y macetones, lo que resultó acreditado a través de distintos reportajes fotográficos. Pero además el Ministerio; Público apunta que la falta de cualquier rastro documental sobre el derribo de la antigua vivienda impidió que el anterior grupo de gobierno conociera la existencia de la edificación y que se había procedido al derribo de la misma. Los hechos habían sido denunciados por el propietario de la casa S.G.P.M.que fue derribada que arremetía contra el alcalde y los miembros del grupo de gobierno que llevó a cabo el adecentamiento del solar.
Por su parte, los concejales socialistas justificaron las obras ante las peticiones vecinales que denunciaban que este lugar se había convertido en un estercolero. Ahora queda en manos del anterior dueño continuar con esta causa y presentar el correspondiente recurso de apelación, contra el actual alcalde o incluso contra los concejales socialistas. En concreto, este vecino asegura que Brito le garantizó que le iba a construir otra vivienda una vez que demoliera la antigua, pese a que este enclave está afectado directamente por la ley de Costas.
