La Audiencia reitera las sospechas de que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó un precio excesivo por Las Teresitas
La Audiencia Provincial considera sólidos los indicios de que el dinero pagado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la adquisición de las once parcelas del frente de Las Teresitas, “era muy superior al valor real de las fincas, por lo que la compra supuso una merma innecesaria en los caudales de la entidad pública”.
La Sala se pronuncia de esta manera al rechazar un recurso de apelación presentado por los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González y Antonio Plasencia, vendedores de los terrenos, por medio del cual intentaban que se archivara la causa conocida como caso Las Teresitas y por lo tanto evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Muy al contrario, la Audiencia considera que para cerrar la operación de compra, “se adoptaron y dictaron resoluciones administrativas contrarias a derecho”.
Elementos todos ellos que se creen suficientes para ver “probable” estar ante la presencia de un delito de prevaricación y malversación en el que también estarían involucrados representantes públicos y funcionarios. Y ello en la medida en que “pudo haber concierto previo, entre todos para llegar al fin, que era la compraventa”. Por tanto se estaría aún muy lejos de la “completa” falta de indicios precisa para proceder al archivo de la causa penal.
Uno por uno la Audiencia rechaza los argumentos esgrimidos por la defensa de los empresarios, y sin embargo, se ratifican pruebas realizadas como un análisis caligráfico sobre diversos documentos suscritos por los dueños de ILT, tras los cuales la juez que tramita esta causa consideró preciso acceder a los originales.
La Audiencia sostiene que la defensa de González y Plasencia tenían que haber presentado argumentos “reales y efectivos” y no “potenciales y abstractos”. Admite que aunque es cierto que los “cómplices”, papel que en este caso ocuparían los funcionarios y políticos, no pueden ser acusados de cometer un delito especial de forma directa, como serían los de malversación y prevaricación, si pueden incurrir en “inducción y cooperación necesaria”.
Por lo tanto, ya nada impide que los empresarios se siente en el banquillo a partir del próximo 12 de septiembre y hasta el 28 de octubre, junto con otros once acusados más. A todos ellos se les atribuye haber incurrido en el presunto “pelotazo” por el que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña compró por 52 millones de euros terrenos en la playa que el propio Consistorio había valorado en la mitad.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los trece procesados, entre los que figura el exalcalde de la ciudad cuando se cerró esa operación urbanística, Miguel Zerolo, exsenador de Coalición Canaria para quien solicita 8 años, igual que el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo. También se piden cuatro años a los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), así como para los empresarios y para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
La Fiscalía pide cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca. La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos. En su escrito de cargos, la acusación pública relata el proceso presuntamente urdido por los procesados para que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprara por 52 millones de euros terrenos situados en primera fila de la playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, a pesar de que la arquitecta municipal del Consistorio los había valorado en 19,2 millones de euros.
El Ministerio Fiscal acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz”.
La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para que se acomodara “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.
Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63,700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal. La operación de compra de esos terrenos fue anulada años más tarde por el Tribunal Supremo.
