Medio Ambiente aclara que el hotel Papagayo Arena debe ser derribado
El Ministerio de Medio Ambiente ha rectificado este viernes las palabras de su ministra, Elena Espinosa, e indica en una nota oficial que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la licencia del hotel Papagayo Arena de Lanzarote se basa en razones “estrictamente urbanísticas” y no en ninguna cuestión relacionada con la Ley de Costas.
El Departamento que dirige Elena Espinosa ha expresado su apoyo a la ejecución de la sentencia que declara nula la licencia del hotel Papagayo Arena por parte de las autoridades competentes.
La ejecución del fallo judicial y, en su caso, el derribo del hotel Papagayo Arena deben ser llevados a cabo por las administraciones urbanísticas competentes, según Medio Ambiente.
Horas antes, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz, aseguró a los socialistas lanzaroteños que su departamento se mantiene firme en su intención de demoler el Hotel Papagayo Arena, situado en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.
Según un comunicado oficial del PSOE de Lanzarote, Alicia Paz comunicó en un encuentro mantenido en Madrid con el secretario general de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, y el diputado nacional, Miguel González, la intención de Costas de continuar con el expeidente de expropiación del hotel.
Alicia Paz aseguró que comparte con los responsables socialistas el objetivo común de que intervenciones como la que supuso la construcción del Papagayo Arena “no tengan cabida en las costas españolas”.
Con estas declaraciones, la directora general de Costas desdice a la ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinsa, que el pasado lunes declaraba en los Desayunos de Europa Press que el Papagayo Arena no se iba a derribar pues hacerlo era “como tirar un hotel en el centro de Madrid”. La ministra entendía que ese hotel era totalmente legal y que no estaba invadiendo el espacio reservado a Costas.
Sin embargo y según la nota del PSOE lanzaroteño, ahora Costas “examinará en profundidad la posibilidad de que se ejecute la sentencia judicial que anuló la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento de Yaiza antes de expropiar, de cara a garantizar la mejor utilización de los fondos públicos”.
