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NC advierte que LPGC ''es ya la ciudad del mal olor''

El presidente de la Asamblea Local de Nueva Canarias (NC) en Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, exige a todos los partidos políticos un gran pacto para dar solución a los vertidos de aguas residuales urbanas. El portavoz de NC para la capital denuncia “la falta total de interés político por parte de las últimas corporaciones municipales para solucionar un problema que afecta a la salud y la calidad de vida de la ciudadanía”.

En su declaración, Candil indica que “el problema no es sólo de esta corporación, también de las anteriores, que teniendo fondos para ir dando soluciones, se pensó más en los réditos políticos que en resolver las grandes deficiencias estructurales que tiene la ciudad y que influyen directamente en la salud y la calidad de vida de la ciudadanía”.

“A los visitantes de los cruceros o los que vengan si llegamos a ser capital cultural, los recibiremos con la ciudad del mal olor en lugar de la del color”, asevera.

Estas declaraciones fueron realizadas este jueves en la rueda de prensa que NC ofreció tras estudiar, para Las Palmas de Gran Canaria, el informe que el Gobierno de Canarias hizo público recientemente sobre vertidos de aguas residuales urbanas.

Por su parte, Raúl García y Heriberto Dávila, miembros del área de Medio Ambiente de NC, señalan que Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 35 puntos de vertidos. De ellos, 5 son de origen desconocido; sólo 9 poseen autorización; 1 está catalogado de muy grave; 9 graves; y 5 leves, siendo el resto no contaminantes.

Parte de la gravedad de los vertidos se debe a que se producen en zonas especialmente sensibles, como lugares próximos a zonas de baño o espacios protegidos, en Las Coloradas, San Cristóbal o a lo largo de la Avenida Marítima.

Asimismo, García recuerda que “todos estos vertidos contravienen la legislación europea, por lo que la ciudad está expuesta a sanciones y a retirada de ayudas si sus responsables políticos se empecinan en su actitud de incumplir la ley, a pesar de los plazos que Bruselas ha marcado”.

Por último, Francis Candil insiste en que “se trata de un asunto que debe estar fuera de la discusión política. Es un problema demasiado grave que todas las fuerzas políticas deben asumir y resolver en lugar de esperar a que sea un mal irreversible”.

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