Obligan a reducir el Parque Comercial Centro Valle de La Orotava un 17%

El proyecto del Parque Comercial Centro Valle de La Orotava ha tenido que reducir su superficie en cerca de un 17% a raíz de las sucesivas sentencias que durante los últimos veinte años se han ido emitiendo que anularon el diseño original y de los reparos que de forma continua ha impuesto la Comisión del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias.

Precisamente, este organismo en su última reunión cuestionó de nuevo diversos aspectos del sector que tendrá que volver a ser modificado una vez más para obtener su aprobación definitiva. A raíz de las sentencias emitidas el Ayuntamiento ha tenido que reducir la superficie original que abarcaba 224.000 metros cuadrados a tan sólo 180.000. Fuentes de la Corporación local han indicado que en esta parcela se ubicarán empresas e industrias pero en ningún caso está prevista una gran superficie comercial.

Hace ya de dos años y medio el Tribunal Supremo (TS) emitió un fallo firme por medio del cual se anulaba este planeamiento, tal y como venían pidiendo los vecinos, propietarios y colectivos ecologistas desde hace ya más de veinte años. En el planeamiento anulado además de mantenerse las actuales edificaciones, los equipamientos públicos que incluían eran las instalaciones de Zoolandia y Bananera El Guanche, ambas de propiedad privada.

Los tribunales desde un principio dejaron sin efecto a través de sucesivos fallos judiciales el planeamiento aprobado por el Ayuntamiento en el año 1992 por silencio administrativo ya que no existían espacios de dominio público tales como parques o plazas, con lo cual el aprovechamiento privado se extendía a lo largo de todo el sector. El TSJC primero y el Supremo después basaron su anulación en que se habían llegado a contabilizar como zonas verdes los márgenes de la carretera con el fin de cumplir así con la ley de dotaciones públicas.

A partir de aquí la Cotmac hace un año y medio obligó al Ayuntamiento a dar cumplimiento estricto al fallo. En la siguiente reunión del organismo celebrada hace seis meses se detectaron errores en la tramitación de este procedimiento y en el nuevo proyecto presentado. Finalmente en la llevada a cabo hace escasos días se procedió a una aprobación parcial y condicionada de la propuesta defendida por la Corporación local al localizarse de nuevo diversas incorrecciones.

En todos los casos se han identificado incumplimientos en aspectos relacionados con la normativa, planos o memoria medioambiental, entre otros. El Ayuntamiento de La Orotava siempre se puso del lado de los promotores y negó en reiteradas ocasiones que tuviera la intención de promover una gran superficie comercial en la zona, sino únicamente ubicar empresas e industrias de mediano tamaño. Sin embargo, los vecinos, propietarios y colectivos ecologistas emprendieron una batalla que décadas después resultó exitosa ya que el Supremo acabó dándoles la razón en todos sus argumentos.

En su momento, la Consejería de Medio Ambiente y Polìtica Territorial del Gobierno de Canarias pidió al Consejo Consultivo que emitiera un dictamen para determinar si una veintena de empresas promotoras de este plan parcial tenían derecho a ser indemnizadas. Los empresarios alegaban daños derivados de un cambio de la calificación del terreno que según aseguraron pasó a ser rústico en vez de urbano. Al respecto el Consejo indica que este hecho no se corresponde con la realidad, ya que ninguno de los solares ha perdido esta última clasificación.

Lo que ocurre, según este organismo, es que parte del suelo es dominio público y ha de destinarse a otros fines distintos a los previstos inicialmente. También se alegaron perjuicios derivados de las inversiones llevadas a cabo, gastos en el funcionamiento de la Junta de Compensación y en la redacción del proyecto de urbanización. El Consejo sin embargo recuerda que tras la primera sentencia del TSJC debería haberse suspendido todo el proceso. El organismo llega a calificar de “intervención manifiestamente dolosa o negligente” la llevada a cabo por los promotores y el Ayuntamiento.