Una obra menor de seis millones de euros

El caso Hermanos García Cabrera, por el que ahora el Supremo investigará al senador y ex alcalde Miguel Zerolo, despuntó en el año 2005 poco después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidiera emprender en un antiguo edificio de Ofra en el que se situaba un instituto con este nombre obras menores por valor de algo más de 300.000 euros.

El objetivo era acondicionarlo como nueva sede de las dependencias municipales dado el mal estado en el que se encontraban las ubicadas en General Antequera, junto al edificio central del Ayuntamiento. Lo que comenzó como una obra menor y por lo tanto sin tener que someterse a los estrictos controles que implicaban entre otros, la convocatoria de un concurso público, se convirtió al final en una actuación que se acercó a los seis millones de euros. Para sortear los requisitos legales se fue procediendo a sucesivas adjudicaciones por importes pequeños.

Pero la estrategia de la que ahora el Tribunal Supremo (TS) responsabiliza al entonces alcalde, Miguel Zerolo, no pasó desapercibida. Al poco tiempo de iniciarse las obras comenzaron a emitirse sucesivos informes por parte de Intervención poniendo todo tipo de reparos al sistema que se estaba empleando. El ex alcalde de forma invariable hacía caso omiso las advertencias legales y optaba por continuar con las obras.

La empresa que efectuaba los trabajos era IMES, especializada en el mantenimiento de los edificios municipales y sobre todo de la electricidad. Un dato que hizo levantar aún más las suspicacias. Al final se creó la primera comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento cuyas conclusiones resultaron dispares.

Por ello, la ya ex concejal de Ciudadanos, Odalys Padrón, y el abogado de Justicia y Sociedad José Pérez Ventura interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación dado que Zerolo ostentaba entonces el cargo de diputado regional. Ahora, cuando el caso García Cabrera parecía haber caído en el olvido, de nuevo resucita y esta vez en el Supremo puesto que el ex alcalde ha pasado a ser senador por la Comunidad Autónoma.

Mutismo

Hace unos dos años trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había aceptado tramitar la querella pero poco después el mutismo cuando no la negativa a confirmar estos hechos fue inmediata. Se negaba el archivo del caso pero tampoco se confirmaba su aceptación.

Padrón tuvo noticias de que desde la Fiscalía se envió a Santa Cruz un perito para indagar si realmente las obras ejecutadas se correspondían con las certificadas o se había producido algún sospechoso desfase. En la denuncia original Justicia y Sociedad puso de manifiesto que en la reforma del edificio “no se siguió el procedimiento legalmente establecido, como es el convocar un concurso en el que las empresas interesadas pudieran, en igualdad de condiciones, presentar sus ofertas”.

Un punto de inflexión en este turbio asunto tuvo lugar en el mes de mayo de 2006 cuando salieron a la luz pública dos informes firmados por los mismos asesores jurídicos municipales fechados el mismo día, sobre el mismo asunto y citando la idéntica jurisprudencia, pero con conclusiones totalmente opuestas. Uno, el que se incluyó en el expediente administrativo en poder del entonces concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Núñez, hablaba de la rehabilitación del inmueble que albergaría oficinas municipales como “obras menores”.

Mientras que el informe que dio a conocer Padrón (firmado como el anterior por el secretario del pleno, Luis Fernando Prieto, y otro técnico, Domingo Larraz) concluyó que las obras por valor de 371.628 euros para reformar el antiguo instituto por su cuantía y envergadura no se ajustaban al contrato que el Ayuntamiento mantiene con la empresa IMES para trabajos de mantenimiento de edificios municipales. Por ello certificaban que la inversión “debió ser objeto de un contrato independiente”.

Día de los Inocentes

Curiosamente, fue el Día de los Inocentes de aquel año cuando la Junta de Gobierno aprobó la culminación del expediente de adjudicación. Los responsables municipales siempre argumentaron que tuvieron que recurrir a este procedimiento dado el mal estado en el que se encontraban las dependencias de General Antequera y la necesidad de desalojarlo de forma inmediata, aunque lo cierto es que el edificio permanece aún ocupado en parte.

En 2008 Padrón, ya como ex concejal, presentó una ampliación de la denuncia al tener constancia “de la intención de la corporación de iniciar la rehabilitación del edificio administrativo de General Antequera” después del desembolso que había supuesto las obras anteriores en Ofra. Así lo puso en conocimiento del Fiscal Anticorrupción, Luis del Río. También se apuntó la posible comisión de un delito de falsificación de documento público por la existencia de los dos informes contradictorios pero basados en la misma jurisprudencia, aunque esta denuncia quedó luego archivada.

Las facturas que se iban emitiendo para realizar las obras oscilaban entre los 120.000 euros o los 270.000 con el fin de intentar eludir los controles administrativos. Sin embargo, una y otra vez el Servicio de Intervención hacía valer sus reparos que en otras tantas ocasiones eran solventados por el entonces alcalde que en la actualidad permanece también como imputado por malversación de fondos en el Supremo por el caso de Las Teresitas.