El octavo delito
Paquirrín es un tipo accesible. Lo aseguro. Al menos para la prensa de fuera de Mogán. Por muy cañeros que seamos. Hacía años, como seis, que no hablaba con Paco González. Desde los tiempos en que no era alcalde y aspiraba a serlo por el PP, cuando compartía tareas con María Eugenia Márquez y Toñi Torres (ejem, ejem) en el Cabildo. Pero Paco González, aparte de destilar un delito detrás de otro -hasta siete- cada vez que descuelga el teléfono móvil y los malos malones de Narciso Ortega lo escuchan, está muy mal asesorado. O ya no tiene quien le asesore [Octubre de 2006: “¿Has visto lo que publica hoy CANARIAS AHORA?” “¡Te he dicho que no hables de eso por teléfono, Paco!” Al tiempo...].
Porque alguien muy importante debe haber dejado que este miércoles el alcalde de Mogán quedara a los pies de los caballos. Sin betún ni ná. En una rueda de prensa para grabar imágenes y sonidos hasta el último detalle por la autoridad competente, Paco González sacó pecho afirmando -oficialmente- que no informó a José Manuel Soria, su presidente regional, que tenía previsto hablar con los medios de comunicación sobre el caso Góndola. Y encima en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria, lejos de su territorio bajo control mediático. Con lunares para enmarcar en una viñeta como Radio Arguineguín.
Ya digo que Paco González es un tipo accesible, que reprocha con cariño cuestiones íntimas y al menos escucha réplicas off the record. Y a estas horas debe de estar ya arrepentido de la defensa que ha hecho de sí mismo, él solito, ante unos cuantos periodistas con colmillo que lo hincaron al solomillo de, no sólo sus contradicciones de este miércoles de sofocos, sino sus afirmaciones rotundas en defensa de acciones que son constitutivas de delito en el Código Penal vigente.
No tiene ni idea el alcalde de Mogán -como cuando dice ahora que en lo de la depuradora de Taurito fue él quien presionó a Santana Cazorla porque como alcalde era responsable de los vertidos; mentira: no lo supo hasta que se lo dijo el consejero de Aguas, Pepe Jiménez- de que defender la gestión clientelar ante sus vecinos o sus empresarios, ya sea por un puñado de puestos de trabajo a cambio de otros tantos votos (¿o será al revés?), o la concesión de un supermercado por favores políticos, o tantas trapisondas que se le han escuchado en sus pinchazos, se llama tráfico de influencias y delito electoral. Y este miércoles no sólo lo reconoció sino que lo justificó.
Pero la guinda del despropósito llegó al final. Onalia Bueno, su ex teniente de alcalde, está imputada también por investigar a una comisaria de la Policía Nacional. Precisamente a raíz de que los peperos de Mogán supieran -niega Paco González que Larry Álvarez le dijera nada, sólo el tal Fran de Puerto Rico, SA- que la Policía estaba al acecho. Se le dijo claramente a Paco González en la rueda de prensa de que ante el juez, en su declaración, Onalia Bueno dijo desconocer que espiar a una comisaria de la Policía Nacional por su cuenta y riesgo era un delito. Y en su cerrazón, el alcalde, obstinado en su cruzada contra los aparatos del Estado que utiliza el “caradura éste” de López Aguilar, justificó la acción de Bueno contra la comisaria: “Sus razones tendría, sus razones tendría”.
Este alcalde es infumable. Por mucho que le voten sus vecinos. Por mucho que le respalde -ahora en silencio- José Manuel Soria. Y por mucho que se escude en Silverio Matos (NC) y su imputación en Santa Lucía de Tirajana para “restarme protagonismo”. Este hombre rige los destinos de un municipio turístico de alto calado y mayor proyección en el Archipiélago, y este miércoles para enmarcar, a José Francisco González González hay que añadirle un octavo delito imperdonable: acudir a una rueda de prensa sin la presencia de su abogado. Pero ya está todo grabado, se siente...