El Pacto cuela la polémica Ley del Suelo en una iniciativa del Cabildo de La Palma para las 'islas verdes'
Con una estratagema parlamentaria, socialistas y nacionalistas han aprovechado la tramitación de la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) aprobada en 2002 para colar de rondón el artículo más polémico de la Ley del Suelo, el 124, antes de conocer el pronunciamiento del Consejo Consultivo sobre el mismo. Tres enmiendas (de las 13 que presentan los grupos del Pacto) que dan todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de “trascendencia insular”.
Tres modificaciones que se aprobarán este jueves en la ponencia que se reúne al efecto y que se ratificarán en la Comisión de Política Territorial prevista para el lunes 25 de julio.
A juicio del líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, y la diputada de Podemos Asunción Delgado, las enmiendas del Pacto (las 9, 10 y 13) “desvirtúan completamente” el sentido del texto impulsado por el Cabildo palmero que preside el socialista Anselmo Pestana y que, además, se pretendía aprobar por el trámite de urgencia en la sesión plenaria que se celebra esta semana y que es la última del presente período de sesiones. Sin embargo, NC y Podemos han conseguido retrasarlo hasta el primer pleno que se celebrará en septiembre.
Con todo, el artículo más polémico de la futura Ley del Suelo se aprobará en la Ley de las islas verdes antes incluso que la legislación de ordenación territorial regional que impulsa el presidente Fernando Clavijo y que mantiene dividido al PSOE, que áun no tiene una posición “oficial” sobre la misma, como ha reconocido el portavoz parlamentario, Ignacio Álvaro Lavandera.
Asalto a la democracia
Y es que hasta CC y PSOE asumen que “la modificación realizada es de mayor amplitud”, motivo por el que incluso cambian el título de la propuesta del Cabildo de La Palma para que no quede constreñida a los artículos 4 y 8 (primera de las enmiendas presentadas por el Pacto). Un acto de “asalto a la democracia”, como ha asegurado Delgado, que se agrava por el hecho de que no se han admitido a trámite las presentadas por Podemos por entender que las mismas constituían “enmiendas a la totalidad encubiertas”. Un argumento que también se usó para rechazar una enmienda del Grupo Mixto (ASG) relativa a las viviendas vacacionales.
Por este motivo, Podemos ha dirigido un escrito a la Mesa del Parlamento para que reconsidere la inadmisión de sus enmiendas, toda vez que la “interpretación restrictiva” ajena al Reglamento que se ha hecho a la fuerza morada contrasta con la “amplia y permisiva interpretación de la Mesa de la Comisión a la hora de calificar” las del Pacto.
“Dicha decisión no solo merma nuestros derechos como grupo parlamentario y diputados sino que supone un menoscabo al ejercicio democrático del debate”, se afirma en el escrito de amparo remitido a la Mesa de la Cámara.
Al respecto, Rodríguez afirma que las modificaciones de CC y PSOE “desvirtúan el sentido de la Ley sin que exista un informe del Consejo Consultivo sobre las reformas que proponen, ya que el que este organismo remitió se refiere exclusivamente al objeto inicial, que es la modificación exclusivamente de los artículos 4 y 8”. Por su parte, Delgado insiste en que “no he visto una mayor falta de moralidad política a la hora de saltarse todos los instrumentos de control ciudadano e institucionales, y el PSOE debería explicar a qué está jugando”.
Planificación singular turística
Las modificaciones (que la oposición considera que han sido impulsadas por el presidente del Grupo Nacionalista, Antonio Castro), introducen los llamados “instrumentos de planificación singular turística” para dar respuesta “agil y directamente legitimada” a la implantación turística de los equipamientos “de trascendencia insular o supralocal” con el fin de “adoptar medidas urgentes” dirigidas a la ejecución de lo planificado en materia turísticas “desde hace más de una década”.
Según NC y Podemos, con esta “estratagema” permite que los cabildos puedan “clasificar directamente como apto cualquier suelo rústico, sin importar el planeamiento insular, si se decide que el proyecto presentado es de interés insular”.
Además, una nueva disposición transitoria (enmienda 12) permite que todos los proyectos turísticos de La Palma anulados por sentencia del Tribunal Supremo “puedan ser declarados de interés insular y, por tanto, construidos sin trabas”.
Dos “atajos” para permitir la construcción de grandes infraestructuras turísticas, como el pasado 2 de junio ya el propio líder de NC y el presidente del Grupo Podemos, Juan Márquez, advirtieron que podían impulsarse durante el debate en el que se admitió a trámite el texto legislativo del Cabildo palmero.
“Una cosa son las intenciones políticas y otra son las cosas que permite la ley y los atajos para facilitar infraestructuras que nos alejan del modelo sostenible, con plazas turísticas en mayor número de las que ahora se permiten”, dijo Márquez en la Comisión de Cabildos celebrada hace mes y medio.
