El Parlamento de Canarias rechaza la renta ciudadana y la emplaza a la próxima legislatura

El pleno del Parlamento de Canarias rechazó este miércoles las proposiciones de ley presentadas por Podemos y Nueva Canarias para establecer una renta de ciudadanía en las islas, pero ha habido acuerdo para hablar de ello en la próxima legislatura.

Las proposiciones han sido rechazadas con los votos de los grupos Nacionalista Canario, Popular y Mixto, para lo que alegaron que como falta poco tiempo para que finalice la legislatura no dará tiempo a aprobar un texto legislativo.

Además afirmaron que se está tramitando la reforma de la Ley de Servicios Sociales y en ella se habla de que el gobierno aprobará una prestación económica que garantice un nivel mínimo de ingresos o unidades de convivencia en situación o en riesgo de estarlo.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana recordó que en torno al 40 por ciento de la población canaria está en riesgo de pobreza o de exclusión social y recordó que en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias se establece el derecho a una renta ciudadana.

Santana indicó que el veto del gobierno regional a la toma en consideración de su proposición es un triple despropósito, primero porque así no se cumple con el Estatuto de Autonomía, segundo porque se quiere impedir que el poder legislativo lo cumpla, y tercero porque no está fundamentado de manera correcta ya que la propuesta no tiene incidencia en los presupuestos autonómicos.

La portavoz de Podemos insistió en que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) la reciben 16.000 personas, mientras que con la renta ciudadana que propone su formación se llegaría a 90.000, y tendría tres modalidades, como la de inclusión, para pensionistas complementaria a ingresos del trabajo.

Otra diferencia de la renta propuesta por Podemos con la PCI es que se toma como referencia el salario mínimo interprefesional, en lugar del actual Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y así se podrían percibir 720 euros al mes, el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, en lugar de los actuales casi 479 euros.

Además, la propuesta de Podemos establece que la renta se percibiría mientras exista la situación de riesgo de pobreza y exclusión social, y no por un máximo de dos años, como sucede ahora.

La financiación de la renta de ciudadanía de Podemos se vincularía de manera íntegra al presupuesto autonómico.

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos también criticó el intento del gobierno canario de impedir el debate de esta propuesta, algo que consideró “poco elegante” y aseguró que en la próxima legislatura será tomada en consideración.

Luis Campos dijo que la propuesta de Nueva Canarias es articular un sistema para prevenir el riesgo de exclusión social y no solo de dar una renta sino también de que quienes la reciban se comprometan a revertir su situación.

El diputado de Nueva Canaria indicó que se trata de un derecho subjetivo como los son educación, sanidad o dependencia y reclamó una renta básica para inclusión y protección social para personas que no tienen empleo y para pensionistas, y también complementaria para ingresos del trabajo, “pues hay pobres que trabajan”.

Con la propuesta de Nueva Canaria se podría llegar a percibir algo más de 800 euros al mes y tendría base el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), anunció su voto en contra de ambas tomas en consideración porque sería “imposible” sacar esta ley en la actual legislatura, por lo que propuso presentarlas en la próxima.

Mendoza consideró que a todos los grupos les preocupa lo mismo y tras asegurar que su formación está de acuerdo en que haya una renta de ciudadanía se mostró más partidaria de la presentada por Nueva Canarias.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo coincidió con Melodie Mendoza tanto en que no hay tiempo para aprobar la ley y en apoyar la presentada por Nueva Canarias, y se mostró de acuerdo en quitar el límite de tiempo para recibir la Prestación Canaria de Inserción.

La parlamentaria del PP también se mostró partidaria de que la PCI llegue a perfiles de personas a los que no llega en la actualidad, y consideró que la Prestación Canaria de Inserción ha sido un fracaso tanto por la cuantía como por el número de personas que la han recibido y porque no favorece la inserción laboral.

La diputada del grupo Popular señaló que no se puede dejar sin recursos a las personas que están en situación de pobreza y de exclusión social, y también se refirió a que en la próxima Ley de Servicios Sociales se dice que el ejecutivo dispondrá una prestación económica que garantice un nivel mínimo de ingresos.

La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz opinó que el hecho de que solo queden veinte días no puede ser una excusa para no tomar en consideración estas proposiciones de ley porque en otras ocasiones se ha aprobado un texto legal en poco tiempo, y mostró el apoyo de su partido a ambas proposiciones de ley.

Teresa Cruz afirmó que no vale decir que generando empleo se resolverá la pobreza estructural porque sería mentir y reclamó políticas activas de empleo inclusivo con especial atención a colectivos vulnerables, además de una renta que garantice ingresos mínimos para que se deje de mendigar, y sistemas públicos de calidad.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Elena Luis afirmó que con el poco tiempo que queda de legislatura no se podría aprobar una ley, por lo que rechazó ambas propuestas, y reconoció que es irrenunciable el derecho a la vida digna para abogar también por buscar fórmulas para acabar con la pobreza.

Elena Luis reconoció que una de las soluciones es avanzar hacia el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias y se mostró contraria a que la renta sea también para personas que perciben salarios insuficientes.