PP y NC aceptan, con reparos, tramitar las leyes de cabildos y ayuntamientos en esta legislatura
Al final, la sangre no llegó al río y, pese a la virulenta crítica inicial de los grupos Popular y Mixto, dos de las leyes “estructurantes” que conforman la “columna vertebral” de la Comunidad Autónoma, las referidas a cabildos y ayuntamientos, serán tramitadas antes de que culmine la legislatura y la oposición participará en las mismas.
Dos textos que suponen “un hito en la historia democrática de Canarias” y que supondrán la descentralización competencial e instaurará el nuevo régimen organizativo de los tres niveles de la administración “evitando duplicidades innecesarias”.
Dos normas que vienen avaladas por el consenso alcanzado con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) pero que, de momento, no puede extenderse a la oposición.
Tuvieron que transcurrir cuatro horas extensas de denso debate, cuya mayor parte pareció instalado en un diálogo de besugos entre el Gobierno y los grupos del Pacto (CC y PSC-PSOE) y los de la oposición, para llegar a una conclusión más que sensata: NC y PP no están de acuerdo en el momento temporal elegido, ni con el método usado ni en la totalidad del contenido de los textos presentados, pero trabajarán en las ponencias para tratar de mejorar las leyes que definirán el nuevo modelo de organización de los cabildos y ayuntamientos.
Una conclusión que, al inicio del debate, cuando el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, subió a la tribuna de oradores, no estaba nada clara.
“Nos parece que la propuesta del Gobierno se plantea de forma torticera y es irresponsable, porque puede desequilibrar la distribución política del Archipiélago y desestructurarlo”, dijo a modo de aperitivo el diputado Pedro Justo (NC).
Para el presidente del grupo Popular, Asier Antona, el Ejecutivo “trae unos proyectos de leyes camuflados en forma de comunicaciones”
Hernández Spínola replicó que la intención del Gobierno es que ambas normas fuesen “un éxito colectivo” de todo el Parlamento, no solo del Ejecutivo, por lo que se adjuntaron los textos acordados con municipios y cabildos para que fuesen formalizados como iniciativas parlamentarias en forma de proposición de ley impulsada por todos los grupos parlamentarios.
“Diarrea legislativa”
“¿Al Gobierno le ha entrado la prisa de la diarrea legislativa, que no se cura ni con un supositorio, para sacar adelante corriendo lo que han sido incapaces de hacer en tres años?”, increpó Antona.
De nada parecían servir los esfuerzos de Julio Cruz (PSC) y José Miguel Ruano (CC) (que defendieron el texto de la Ley de Cabildos), ni los de la socialista Dolores Padrón y el nacionalista José Miguel Barragán, quienes apoyaron el texto de la Ley de Municipios, que en todas sus intervenciones recordaron a la oposición que ambos documentos, que servirán de base para las futuras normas, se habían pactado con la Fecai y la Fecam.
“No tiene sentido cambiar normas estructurantes sin garantizar la financiación de ayuntamientos y cabildos. No es justificable que el Ejecutivo trate de endosar al Parlamento la responsabilidad que asumió, en su programa de Gobierno, para hacer dos proyectos de ley que no puede elaborar por falta de tiempo”, contraatacó el líder de NC, Román Rodríguez.
De hecho, una de las propuestas de resolución que NC ha presentado para que se voten en la sesión del jueves propone “trasladar su debate y aprobación a principios de la siguiente legislatura, tras abrir un imprescindible período de análisis y participación social”.
Una petición que, evidentemente, no prosperará, pues los grupos del Pacto usarán su matemática parlamentaria para que ambas leyes se tramiten como proposiciones de “los grupos parlamentarios, buscando el máximo del consenso”.
Según explicó tanto el consejero como los distintos portavoces del Pacto, estas leyes optan por la clarificación del sistema competencial entre los tres niveles de la Administración, y el impulso a la descentralización competencial para “acercar la prestación de los servicios públicos”, todo ello, evitando las duplicidades funcionales entre ayuntamientos, cabildos y Comunidad Autónoma.
Además, fomenta la modernización y simplificación los mecanismos de funcionamiento administrativo, promoviendo la adaptación de la Administración a las nuevas tecnologías e incorporando los principios de Transparencia a las administraciones locales.
