Canarias deja de estar 'centralizada'
La Comunidad Autónoma de Canarias acabará la presente legislatura, en mayo de 2015, soltando lastre competencial a favor de cabildos y ayuntamientos, desarrollando así el artículo 23 del Estatuto de Autonomía y poniendo punto y final a la profunda reforma de la Administración que el Gobierno entre Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario-PSOE pusieron en marcha hace tres años.
Una modificación que redistribuye el sistema competencial y organizativo para evitar duplicidades y solapamientos entre la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos.
Es decir, la tan traída y llevada segunda descentralización tanto tiempo reivindicada por las corporaciones locales que se quejaban de asumir competencias impropias y, además, con déficit de financiación.
Una reforma que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, quiere que se apruebe por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, motivo por el que la próxima semana se remitirá a la Cámara dos comunicaciones del Gobierno referidas a las leyes de Cabildos y Reguladora de los Municipios de Canarias.
Ambas tendrán como anexo los textos articulados ya aprobados y negociados con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
La intención es que ambas se debatan en el último pleno del mes de septiembre, previsto para los días 22 y 23.
Unanimidad y consenso
“Queremos que el Gobierno no tenga protagonismo en esta aprobación, por lo que nos parece que lo más adecuado es que los grupos parlamentarios apoyen una resolución que asuma los textos que han sido acordados de forma unánime por los 88 ayuntamientos y los siete cabildos”, ha dicho Spínola en rueda de prensa.
De esta manera, las resoluciones se convertirán en proposiciones de ley presentadas por la totalidad de los grupos, lo que facilitará “su aprobación por consenso”, sin que ello signifique que los textos remitidos por el Ejecutivo (el de Cabildos consta de 146 artículos y el referido a los municipios de 136) puedan estar sujetos a enmiendas.
“Creemos que ésta es la fórmula más viable y segura para propiciar el consenso, por que el protagonismo debe tenerlo el Parlamento y los grupos”, insistió Spínola.
La Ley Reguladora de los Municipios de Canarias, consensuada el pasado 31 de julio con la Fecam, amplía las competencias actuales de los municipios relativas, por ejemplo, a servicios sociales, educación, empleo o promoción económica que había limitado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el gabinete que preside Mariano Rajoy.
Por ello, el consejero de Presidencia ha puesto en valor que la nueva Ley “es una férrea defensa de la autonomía local, y la desarrolla y es complementaria de la legislación básica estatal”.
Nuevas competencias y financiación
Además de tener más competencias que los ayuntamientos peninsulares, los municipios canarios podrán fomentar la participación ciudadana y la transparencia.
En el caso de la futura Ley de Cabildos, que desarrolla su papel como instituciones de la Comunidad Autónoma y entidades locales, dará competencias a estos organismos públicos en urbanismo, turismo e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Y todo ello con el compromiso del propio Ejecutivo de modificar el bloque de financiación municipal, pues en sendas disposiciones finales de ambos textos se contempla que en el plazo de un año desde que se apruebe habrá un nuevo modelo de financiación para las corporaciones locales.
Un nuevo modelo que depende también del que negociará el Estado con las comunidades autónomas, y que en el caso de que en el primer trimestre de 2016 aún no se haya definido, “se podrá negociar la modificación de la Ley canaria de 2003 sobre el bloque de financiación municipal”.
