Tres piezas separadas de la trama 'ferretera'
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla Contreras, encargado de la investigación del Caso Brisan sobre presunta corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Santa Brígida, ha dictado un auto en el que divide el sumario en cuatro piezas.
En el escrito, dado a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado dispone que la pieza principal de la instrucción se refiere al ex concejal de Urbanismo, Luis Troya, y el empresario Pedro Morales Déniz, de la Ferretería Morales Ravelo, por operaciones supuestamente ilícitas relacionadas con la corporación local. Estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude, y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y falsificación documental.
La apertura de una pieza separada A denominada Trama de las falsedades afecta a los ex alcaldes Antonio Díaz Hernández y Antonio Ojeda, así como dos familiares del primero y un empresario por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y malversación.
La pieza separada B denominada Trama de Carmelo Vega alude al también ex alcalde e indaga en los pagos municipales a empresas de su propiedad, por los que está acusado de un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Por último, la apertura de una pieza separada C denominada Trama de Saramema está relacionada con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.
El juez explica que, con su resolución, “se divide el procedimiento en tantas piezas separadas como resulten necesarias, con la finalidad de organizar la instrucción separando cada una de las tramas investigadas, de manera que eventualmente, se puedan celebrar juicios distintos entre las personas cuyos hechos sean diferentes, y un solo juicio por hechos cuando exista conexidad entre aquellos”.
Según el magistrado, “algunos documentos, oficios y/o atestados aportan información útil para más de una pieza”. “Se han incorporado íntegramente testimonio de aquellos a las correspondientes piezas para evitar fragmentarlos, de ahí que pueda parecer, en algunos casos, que la documentación desborda el procedimiento”, apunta.
Contra dicha resolución --dictada el 10 de octubre de 2009 y notificada esta semana a las partes-- no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación o de reforma.
Indicios de criminalidad
El juez recuerda que el procedimiento fue incoado en virtud de atestado presentado por el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias en Las Palmas (ECO), que apuntó la existencia de indicios de criminalidad de varios delitos contra distintas personas en el entorno del Ayuntamiento de Santa Brígida.
En concreto, inicialmente los indicios de criminalidad apuntaban contra el ex alcalde del PP Carmelo Vega, puesto que, según el informe policial, “existían evidencias de que se habían celebrado varios eventos en establecimientos que son de su propiedad o de personas de un círculo próximo o sobre los que tiene intereses directos por los que el Consistorio había abonado cuantiosas sumas, sin que previamente se hubiere tramitado el correspondiente expediente de contratación administrativa, consiguiendo con ello beneficios económicos”.
Además, la investigación apunta al ex concejal Luis Troya Ramírez, quien ha ejercicio responsabilidades en el Ayuntamiento como concejal en distintas áreas. Según el apartado de hechos del auto, “el investigado autorizaba gran cantidad de órdenes de pago para la adquisición de material en la Ferretería Morales Ravelo”.
“El curso de la investigación puso de manifiesto que Troya había creado una sociedad de la que era el mayor partícipe y que a través de la sociedad mantenía ocultos e importantes vínculos económicos, que intentaba enmascarar, con la Ferretería Morales Ravelo”, añade.
El Ayuntamiento no exigió 210.000 euros
Asimismo, en el atestado inicial también se anunciaba que se tenía conocimiento de que una empresa, denominada Saramema, había realizado ciertas obras por las que debía ingresar en el Ayuntamiento 210.000 euros --35 millones de pesetas-- en concepto de ICIO, “sin que la corporación hubiere exigido su pago de manera que aquella entidad ha obtenido un importante beneficio en detrimento de las arcas municipales”.
Junto con lo anterior, en el atestado se explicaba que la Audiencia de Cuentas de Canarias había tenido conocimiento de hechos que “pueden ser merecedores de sanción penal y no lo ha comunicado a los órganos competentes de manera que sus responsables pudieren haber cometido una infracción penal”.
Durante el curso de la instrucción “se han confirmado las hipótesis de la investigación y se han descubierto otros hechos que pueden dar lugar a responsabilidad, fundamentalmente falsedades, que en la tesis de la ECO permiten imputar, indiciariamente, delitos de falsedad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, añade el escrito.
Las compras aumentaron en la ferretería
Según el auto, la pieza principal referida a Luis Troya está relacionada con la constitución por parte de éste de una sociedad denominada Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas, en la que, a través de otras personas, controlaba la empresa de ferretería de Pedro Morales.
Durante varios años y mientras Luis Troya Ramírez ocupaba distintas concejalías, la corporación adquirió gran cantidad de material en las dos ferreterías y el propio Troya Ramírez autorizó múltiples órdenes de pago al efecto. “Precisamente durante ese tiempo las compras en las ferreterías de los imputados se incrementaron notablemente”, indica el auto.
Viaje a Cuba
Mientras se desarrollaba la investigación se tuvo conocimiento de otros hechos. De este modo, cuando los agentes de la ECO realizaban un exhaustivo estudio de la documentación que se había solicitado al Ayuntamiento de Santa Brígida se vino a conocer que se habían aportado a la corporación una serie de facturas que daban cobertura a ciertos gastos.
Dichas facturas se emplearon como documentos que justificaban el libramiento de órdenes de pago de manera que aquella autorizó los correspondientes abonos. En efecto, los ex alcaldes Antonio Díaz Hernández y Antonio Ojeda Navarro, junto con otras personas, se desplazaron hasta la isla de Cuba en representación del Consistorio. En aquella isla, “al parecer, efectuaron ciertos gastos que necesitaban justificar ante el Ayuntamiento para que se los reintegraran”.
Por ello Antonio Díaz pidió a una familiar que “le confeccionara facturas que sirvieran de justificante de los gastos que manifestó haber soportado”. Así, Díez utilizó una factura “falsa” de 2.485 euros para justificar gastos y recibir el dinero.
En otra ocasión, también un familiar de Díez Hernández habló con un comercial de una empresa de pastelería para que “en una factura emitida con ocasión de la compra de unas tartas, le subiera notoriamente el precio de los productos suministrados, con la intención de aumentar el coste final”.
Respecto a la otra pieza separada que concierne a Carmelo Vega, señala que éste estuvo al frente de la corporación como alcalde y ha desempeñado el cargo de concejal en distintas épocas, es propietario y tiene intereses directos en dos empresas dedicadas al ramo de la hostelería.
La última pieza sobre la Trama de Saramema está vinculada con la entidad Saramema, S.L., que en el año 2001 solicitó del Ayuntamiento de Santa Brígida una modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento con la finalidad de autorizar la construcción de un aparcamiento de vehículos con una capacidad de 300 plazas en una parcela situada en Monte Lentiscal.
